Citlalli López Velázquez
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), abrió un cuaderno de antecedente por la posible alza al precio del transporte público en la capital del estado, al considerar que el incremento podría constituir una violación a los derechos humanos de la ciudadanía.
El organismo solicitó a la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevita) envíe un informe sobre el avance en las negociaciones con las empresas concesionarias.
El informe, precisó el visitador general de la defensoría, Juan Rodríguez Ramos, tendrá que ser entregado a más tardar el próximo martes. Una vez analizado determinará si inician o no una queja de oficio por probable violación a derechos humanos,
“Si no se presta un servicio de manera digna, de manera adecuada con las condiciones de seguridad tanto mecánicas como de conducción, pudiera constituir una violación a los derechos humanos de la ciudadanía”, expuso.
En este caso los responsables de dicha violación serían las autoridades gubernamentales por omisión al no regular el buen funcionamiento de las unidades que prestan el servicio público, que para el caso de oaxaca son cuatro empresas.
Desde noviembre de 2015, el costo del pasaje es de siete pesos. La propuesta planteada por los transportistas es elevar la tarifa a diez pesos, es decir tres pesos más.
Rodríguez Ramos explicó que el cuaderno de antecedentes se inició a partir de las notas periodísticas publicadas el pasado miércoles luego de la movilización realizada por concesionarios del servicio, quienes exigieron suspender las rutas gratuitas de las unidades del Sitibus establecidas por el Gobierno del Estado durante las festividades de la Guelaguetza.
La DDHPO basará su criterio en un manual de calificación en el cual se establecen los puntos que deben de ser garantizados para no violentar el derecho humano a la movilidad.
El defensor agregó que la prestación del servicio de transporte público es una obligación del estado, que si bien puede ser concesionada debe darse en condiciones de seguridad y con tarifas justas.
Más allá, agregó, el servicio es utilizado en su mayoría por personas de bajos recursos por lo que la tarifa, indicó, debe estar ajustada a su poder adquisitivo.
