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Jaime GUERRERO
Las organizaciones que integran el(OCCEJUM), cuestionaron el decreto emitido por el Fiscal General de Oaxaca, Ruben Vasconcelos Méndez, que sitúa a los Centros de Justicia para las Mujeres de Oaxaca, como subordinados a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género.
Mediante un comunicado, refirieron que el pasado 25 de abril se publicó en el Periódico Oficial el Decreto emitido por Vasconcelos Méndez, en el que reforma diversos artículos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Entre estos cambios se establece en los artículos 125 y 127 que los Centros de Justicia para las Mujeres, que antes dependían de la Fiscalía General, ahora dependen de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género.
De acuerdo a esa ONG, esa decisión sitúa a los Centros de Justicia para las Mujeres en un lugar más abajo en la estructura organizacional del Estado de Oaxaca, “lo cual, sin lugar a dudas, constituye un desafío a la operación de los mismos y limita su acción de vinculación con el resto de Centros de Justicia del país”.
La naturaleza de los Centros no es la investigación de delitos, sino la vinculación interinstitucional con el resto de dependencias de los poderes Ejecutivo y Judicial del estado para la atención de la violencia contra las mujeres y niñas.
Asimismo, llama la atención que, justo en el marco de la investigación previa al decreto de la Alerta de género en Oaxaca, lejos de fortalecer a los Centros de Justicia para las Mujeres, se les debilite, contrario a lo ordenado por la sentencia del Campo Algodonero contra el Estado Mexicano.
La ONG, aseguró que para que un Centro de Justicia para las Mujeres cuente con fortaleza institucional y así puedan garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que acuden a estos, los Centros deben tener una ubicación estratégica y relevante en el organigrama gubernamental, situación que, actualmente, no ocurre en el caso de Oaxaca.
“Al contrario, la decisión que hace que dependan de una Fiscalía Especializada limita su inclusión en la toma de decisiones y el impacto de sus acciones como política integral a nivel estatal”, reprochó.
Demandaron entonces, al Fiscal General, emitir un decreto que vuelva a situar a los Centros de Justicia para las Mujeres bajo la dirección de dicha Fiscalía. “Esto dotaría a los Centros de fortaleza institucional, lo cual favorecería las condiciones para brindar mejores servicios a las mujeres que acuden a éstos y así mejorar su acceso a la justicia”, afirmaron.
