La candidata a la presidencia municipal en San Juan Mazatlán, Mixe, Plascencia Epitacio Bonifacio, denunció que a diez días de realizada la elección en aquella localidad, el actual edil y candidato a reelegirse, Macario Eleuterio Jiménez, impide la culminación del proceso electoral a través de un ambiente de violencia y crispación social.
“El ambiente hostil originado por el edil con licencia ha ocasionado enfrentamientos violentos en la comunidad, así como bloqueos por personas armadas con machetes y palos en los principales accesos y vías de comunicación, evitando además el tránsito local, el traslado de todas las actas para su cómputo final”, explicó acompañada por su equipo.
Lo anterior -señaló- forma parte de una serie de hecho violentos con carga misógina ejecutados desde el inicio de campaña.
En algunas comunidades manipuladas por por el presidente municipal, le gritaban frases como: “esa pinche vieja que mejor se dedique a la cocina”, incluso fue agredida de manera física por jóvenes que le lanzaron botellas por órdenes de su contrincante, denunció.
En su momento los hechos fueron puestos del conocimiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Actualmente -agregó- las actas se encuentra en cada una de las 33 agencias que conforman San Juan Mazatlán. Su traslado es imposible debido a la amenaza de violencia que existe.
A través de un escrito enviado al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), demandaron reanudar los trabajos que quedaron suspendidos por la retención de dos días que sufrió personal del órgano electoral local que acompañaban la organización de las votaciones.
Asimismo demandaron al presidente consejero del Consejo Electoral Municipal, Jaime Luciano Nepumuceno para que a la brevedad posible remita el original de las actas de asamblea que tiene en su poder.
La candidata hizo un llamado al edil con licencia para que deponga su actitud de provocación, confrontación, divisionismo y odio entre la población.
La violencia política, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es cualquier acción u omisión cometida por una o varias personas o servidores públicos por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o su familia para acotar, restringir suspender o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales”.
