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Carlos Abad/Tuxtepec.
Oaxaca, de Juárez, Oax. 13 Dic 2018.- La sexta sala unitaria de primera instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca en el expediente 426/2016 ordenó al Secretario de Vialidad y Transporte, al Director de Concesiones dependiente de la extinta Secretaría de Vialidad y Transporte, y al Director Jurídico de SEVITRA, que realicen las acciones jurídico administrativas para continuar con el procedimiento de otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público en la modalidad de taxi en Tuxtepec a favor de 9 conductores.
Los demandantes son: César Santiago Morales, César Soto Cruz, Sergio López Estrada, Eleuterio Espinoza Miguel, Bonifacio Ambrosio Gómez, Israel Mijail Montor Zamudio, Israel Venegas Roy, Jaime Pérez Arroyo y Ángel de Jesús Cuevas López.
El mismo Juez en su considerando número dos, ordenó sobreseer el juicio solo contra el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
En el tercer considerando el Juez declaró la validez parcial del acta de cierre de instrucción del procedimiento para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de taxi para el Municipio de Tuxtepec, publicado el 21 de octubre del 2015.
Sin embargo de acuerdo a declaraciones de los demandantes, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) se niega a acatar la resolución del Juez, toda vez que “hacen tiempo” para que el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa amplié la veda de concesiones por dos años.
Es necesario precisar que en el 2015-2016 el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado de Oaxaca era Carlos Alberto Moreno Alcántara, y quien facilitó la entrega de 65 concesiones de acuerdo a un estudio de factibilidad, fue la entonces coordinadora de SEVITRA en la región de la Cuenca del Papaloapan Ana Luz Azamar Palma.
Sin embargo los 9 chóferes que se quedaron en ese tiempo sin concesiones, demandaron un mal procedimiento de parte de SEVITRA, mismo que hoy un Juez les dio la razón mediante la resolución del 9 de marzo del 2018, que SEMOVI se niega a acatar desde hace 9 meses.
