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Jaime GUERRERO
La Auditoría Superior de la Federación detectó que las acciones que realizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en los estados de Oaxaca, Chiapas y Morelos, que fueron los más afectados por los sismos del pasado mes de septiembre del 2017, arrojaron observaciones “por 77.4 millones de pesos, debido, entre otras causas, a que hubo ausencia de documentación justificativa y comprobatoria en el ejercicio de los recursos”, para atender los daños a infraestructura de las entidades.
Además, la población afectada, no recibió la atención suficiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), ya que hubo “fallas en sus mecanismos de control”.
Tampoco “existen elementos suficientes respecto a la correcta programación, priorización y entrega de los recursos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) destinados a la reconstrucción y rehabilitación de viviendas”, detalló el informe del auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo.
Esos resultados se detectaron en la tercera entrega de Informes Individuales y del Informe General Ejecutivo Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Se estima que los damnificados por el citado desastre natural es de 506 mil 298 personas, las cuales “no recibieron las acciones suficientes por parte de las autoridades, en virtud de que se identificaron fallas en los mecanismos de control de Sedatu y Bansefi”.
“Por lo que se refiere a Sedatu, no contó con un censo y un padrón suficiente y confiable de las viviendas afectadas, y Bansefi no dispuso de procedimientos específicos para la entrega confiable y oportuna de los recursos”, explicó.
En su caso, la Secretaría de Gobernación (Segob) “careció de los Atlas de Riesgos Municipales del 85.3 por ciento de los 592 municipios afectados; no contó con un programa de trabajo para el fortalecimiento de la normativa institucional en materia de protección civil y planes de contingencias; tampoco identificó el universo de instituciones de los tres órdenes de gobierno”.
“Al no contar con diagnósticos y programas precisos, no contribuyó a la toma de decisiones para la reducción de riesgo de desastres, por lo cual la protección civil en materia de sismos continúa privilegiando un enfoque reactivo, en lugar del preventivo”, añadió el informe.
