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Jaime GUERRERO
De acuerdo al informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2018, que emitió el Organismo Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), 16 dependencias de la administración del Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa y Organismos Autónomos, realizaron pagos indebidos y en exceso; adquirieron bienes y servicios sin apegarse la ley, incumplieron metas y objetivos en la ejecución de los programas presupuestarios, entre otras irregularidades financieras, por el orden de los 326 millones 35 mil 996.54, pesos, de los cuales, no comprobaron debidamente, 242 millones 190 mil 655.40 pesos.
Además, en la evaluación de desempeño, la mayoría están clasificadas con un grado de desempeño bajo, exhibiendo ineficacia administrativa-gubernamental.
No obstante, el OSFE, no informa si se determinaron Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria y Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, por las irregularidades detectadas.
La LXIV Legislatura tenía a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación, concluirá su revisión, dictamen y votación. Vencido el plazo la cuenta pública 2018 de Murat Hinojosa está en la congeladora del Congreso del Estado.
En la víspera la Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Organismo Superior de Fiscalización del Congreso, Laura Estrada Mauro, intentó infructuosamente presentar el dictamen de la cuenta pública 2018 en sentido negativo para que el pleno la rechazara, pero el fin era utilizar el dictamen como un instrumento de negociación en medio de la aprobación del paquete fiscal 2020. La morenista fracasó en su pretensión.
En el documento, el organismo auditor reporta que, el monto de la muestra auditada fue de 1 mil 95 millones 665 mil 686.68 pesos. Sin embargo, el gasto de las secretarias, organismos autónomos, dependencias centralizadas y descentralizadas en el 2018, fue de 89 mil 617 millones 98 mil 404.56 pesos, confirma el organismo auditor.
El OSFE reporta en el informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2018 que el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2017, contempló un gasto aprobado por la cantidad de 67 mil 19 millones 786 mil 656 pesos.
No obstante, del ejercicio fiscal del año pasado, el OSFE confirmó un importe devengado de 89 mil 617 millones 98 mil 404.56 pesos.
Las dependencias auditadas fueron la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) a cargo de Sofía Castro Ríos; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en ese entonces a cargo de José Raymundo Tuñón Jauregui; la Secretaría de Asuntos Indígenas, en ese periodo, también encabezada por Castro Ríos; la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), a cargo de José Ángel Díaz Navarro.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a cargo de José Manuel Vera Salinas; la Consejería Jurídica/Dirección del Registro Civil a cargo de Octavio Tinajero Zenil y Christian Hernández Fuentes, respectivamente; el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO); la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIPO).
Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), a cargo de David Mayren Carrasco; los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), de Laura Vigñón Carreño; el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) a cargo de Rodrigo González Illescas; el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet) de Francisco Ángel Maldonado; el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) de Adolfo Maldonado Fuentes, la Universidad del Mar y la Tecnológica de la Sierra Sur, del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) a cargo de Modesto Seara Vázquez.
El OSFEO reportó que derivado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2019 ámbito estatal, se realizaron 16 auditorías financieras, 16 de cumplimiento y 16 de desempeño, haciendo un total de 48 auditorías a 16 entes públicos, cuyos resultados y seguimiento se presentan en Informes Individuales.
De la revisión y fiscalización realizada a la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio 2018, resultaron 433 observaciones por el monto total de 326 millones 35 mil 996.54 pesos, importe que representa el 29.76% de la muestra revisada; de los cuales fue atendido el importe de 83 millones 845 mil 341.14 pesos y no atendidas (comprobadas) por el importe de 242 millones 190 mil 655.40 pesos.
Las irregularidades
Al Sedapa, le observaron irregularidades por 67 mil 272.80 y no comprobó 32 mil 970.90 pesos; a la SSP, 5 millones 78 mil 819.45 pesos y no atendió la comprobación en tiempo y forma del total de la cantidad; la Secretaría de Asuntos Indígenas (hoy Sepia) le observaron 150 mil pesos y no comprobó esa misma cantidad.
La Secretaría de la Contraloría le observaron 280 mil pesos y fue la única dependencia que atendió la comprobación conforme a la ley de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera; el SESESP no comprobó debidamente 1 millón 193 mil 496.73 pesos.
La Consejería Jurídica/Dirección del Registro Civil, tuvo observaciones por irregularidades financieras del orden del 1 millón 851 mil 210.36 pesos de los cuales no atendió debidamente 910 mil 331.97 pesos.
Entre los organismos autónomos que incurrieron en irregularidades están el IEEPCO. Al órgano electoral, a cargo de Gustavo Meixueiro Nájera, le fueron observados 8 millones 338 mil 1.37 pesos de los cuales, no comprobó con forme a la ley 6 millones 966 mil 494.31 pesos.
La UABJO, a cargo del rector, Eduardo Bautista Martínez, le detectaron irregularidades en 133 millones 314 mil 226 pesos, de los cuales al final, no comprobó 108 millones 966 mil 184.41 pesos; el IAIPO, a cargo de Francisco Álvarez Figueroa (actor ligado al ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo) tampoco comprobó 557 mil 709.91 pesos.
Otras dependencias de la administración estatal que el OSFE detectó irregularidades están CAO, a quien le detectaron irregularidades en 17 millones 676 mil 107 pesos, y al final, no solventó en tiempo y forma 7 millones 556 mil 595.24 pesos; a SAPAO le detectaron irregularidades en 92 millones 815 mil 881 pesos de los cuales al final no comprobó 53 millones 504 mil 872.99 pesos, en ese entonces la dependencia a cargo de Marcelo Díaz de León.
Al Cobao le detectaron irregularidades por el orden de los 26 millones 861 mil 697.20 pesos, de los cuales, de los cuales solo comprobó 87 mil 402.05 pesos y al final no comprobó en tiempo y forma, 26 millones 774 mil 295.15 pesos.
El Icapet, no comprobó al final 188 mil 57 pesos; el IOCIFED, no comprobó en tiempo y forma, 23 millones 72 mil 896.82 pesos; la Universidad del Mar 7 millones 112 mil 930.52 pesos y la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur, no atendió 125 mil pesos, con forme a la ley.
La Sedapa, SSP, SAI, SCTG, la Consejería Jurídica/Dirección del Registro Civil , IEEPCO, UABJO, CAO, SAPAO, Cobao, IOCIFED y la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur, fueron clasificadas por el OSFE con un grado de desempeño bajo.
En cambio, e SESESP, IAIPO, ICAPET y la Universidad del Mar con un grado de desempeño medio.
Falta de documentación y pagos indebidos
El OSFEO destaca que del análisis a los cuestionarios de control interno aplicados y de la información recopilada por auditoría, se detectaron áreas de riesgo en las entidades fiscalizadas, entre ellas, debilidad en el cumplimiento con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de registro de los momentos contables.
Conforme lo establece la Ley Estatal de Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, los entes públicos son responsables de la guarda y custodia del soporte documental de los pagos realizados en la ejecución del presupuesto, entregables como testigos de la prestación de servicios, expedientes técnicos y unitarios de obra.
Se detectó la falta de exhibición de soporte documental por auditoría y pagos indebidos y en exceso.
De acuerdo al OSFE, adquisición de bienes y servicios sin apegarse a los rangos establecidos para los procesos de adjudicación correspondientes, comprobando el incumplimiento a las disposiciones normativas en materia de adquisiciones. Debilidades en la implementación del sistema de control interno y difusión de la información en materia de transparencia, emisión y publicación de reglamentos internos, manuales de organización y de procedimientos.
Incumplimiento de metas y objetivos en la ejecución de los programas presupuestarios, así como falta de alineación al Plan Estatal de Desarrollo y Planes Estratégicos Sectoriales.
Pese a ello, el órgano fiscalizador, considera que la administración de Murat Hinojosa, así como los organismos autónomos -durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018- observaron los lineamientos normativos y la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, respecto del gasto ejercido en los programas ejecutados, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018.
