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Jaime GUEERRERO
A 48 horas de vencerse el plazo que le estableció el Poder Judicial de la federación, éste miércoles, la LXIV Legislatura aprobó la Ley de consulta previa e informada de los pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca.
Antes, la LXIV Legislatura realizó foros regionales consultivos, en las ocho regiones de Oaxaca y luego convocó a un foro estatal, para el proceso de elaboración de la Ley.
Y es que en caso de incurrir en una segunda omisión, los 42 diputados y diputadas, serían sancionados hasta con la destitución de su cargos.
En seguimiento al protocolo establecido el pasado 14 de octubre del 2019 por los diputados y diputadas locales -por presiones del PJF- para la elaboración de la Ley de Consulta Previa, el pasado 20 de enero se llevó a cabo el Foro Consultivo Estatal que forma parte de la etapa deliberativa en la construcción de esa Ley, promovida y desarrollada por los y las diputadas que integran la LXIV Legislatura. No obstante, la disputa protagónica de los secretarios técnicos de las comisiones de derechos humanos y pueblos indígenas, trabó los acuerdos.
Por ello, las comisiones permanentes de Asuntos Indígenas y Migración, Democracia y Participación Ciudadana, Administración y Procuración de Justicia, y Derechos Humanos, analizaron las observaciones y propuestas surgidas en los Foros Regionales y sin los secretarios técnicos, sacaron adelante el proyecto de ley.
Una vez, aprobada en comisiones -el pasado martes, 48 horas antes del plazo que le estableció el PJF, en sesión extraordinaria- con 32 votos a favor, se aprobó la ley.
El diputado Horacio Sosa Villavicencio, presidente de la Junta de Coordinación Política, manifestó que la ley reconoce el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como un derecho colectivo. Además, obliga a las autoridades a llevar a cabo la consulta cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de causar afectaciones.
En tribuna, la diputada Gloria Sánchez López, presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas y Migración, precisó que la aprobación de este ordenamiento representa un paso firme en la defensa y reivindicación de los derechos de los pueblos y comunidades.
Del diputado del PT, Saúl Cruz Jiménez, afirmó que se garantiza el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades, al plantear varias iniciativas que aportaron ideas y en la que se conjugaron ideas y propuestas de los pueblos y comunidades.
En su oportunidad, la legisladora María de Jesús Mendoza Sánchez, dijo que el dictamen de la ley presentada es, por mucho, el cumplimiento al mandato de la Constitución Local que establece en el Artículo 1 que “el estado de Oaxaca es multiétnico, pluricultural y multilingüe”.
La diputada Hilda Graciela Pérez Luis, afirmó que se coloca a Oaxaca a la vanguardia y como ejemplo a nivel nacional, al hacer realidad un acto de justicia que es fundamental para garantizar la gobernanza democrática e incluyente, garantizando los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La propuesta final de la Ley de Consulta Indígena para Oaxaca, estuvo a cargo de las Comisiones permanentes de Asuntos Indígenas y Migración, Administración y Procuración de Justicia, Democracia y Participación Ciudadana y Derechos Humanos, y consta de 81 Artículos distribuidos en 24 Capítulos, siete Títulos y cinco Transitorios.
No obstante, existió desacató de los congresistas locales a una sentencia del Poder Judicial de la Federación y podrían ser sancionados con multas, destituidos de sus cargos y hasta enfrentar procedimientos penales de no aprobar esa ley en un plazo de 3 meses.
La primera ejecutoria de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, fue emitida el 4 de abril y feneció el plazo el pasado 30 de septiembre.
El Juzgado Decimoprimero de Distrito, notificó desde el pasado 25 de abril del 2019 la resolución dictada en el recurso de revisión del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, para la aprobación de la ley construir la Ley de Consulta Previa Libre e Informada para los Pueblos Indígenas y Afromexicano en el Estado de Oaxaca, previos foros regionales.
En la sentencia, se estableció que la omisión de la LXIV Legislatura, revela poca preocupación por acatar una sentencia de amparo, en una problemática social que es de especial trascendencia para Oaxaca. “Esa conducta (de omisión) reitera la dilación de 17 años para legislar sobre la situación social de las comunidades indígenas a pesar de las disposiciones convencionales y constitucionales”.
Por ello, el PJF le estableció a la LXIV Legislatura un nuevo plazo de 3 meses para aprobar la ley de consulta indígena. La fecha límite es el 24 de enero del 2020.
Por ello, el Juzgado Décimo primero de Distrito, apercibió a los diputados y diputadas de la LXIV Legislatura, “que si no actúan como se indica en la determinación el Juzgado de Distrito, les impondrá a cada uno de ellos, una multa que corresponda”.
Además remitirá el expediente al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito para que en el momento procesal oportuno, propongan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en caso de que proceda, la destitución de sus cargos y posteriormente, la consignación ante las autoridades judiciales por el delito cometido.
*foto de portada ilustrativa tomada de la red.
