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Jaime GUERRERO
El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, asegura que investigan casos de funcionarios involucrados en actos de corrupción, de la actual administración esquiva respuestas. De funcionarios sancionados, remite al portal de transparencia de la dependencia.
Por lo pronto, pidió tiempo para presentar el informe general de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública y reiteró que siguen las indagatorias por el caso del proyecto de Sistema Integral de Transporte (SIT), que dejó truncó el ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo.
Sin dar nombres, refirió que nueve exfuncionarios están siendo investigados por el proyecto del (SIT)
Apropósito de su comparecencia en comisiones de la LXIV Legislatura, como parte de la glosa del tercer informe del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, reiteró que las investigaciones están en proceso, y que de concretarse alguna responsabilidad, serán sancionados.
Es Alberto Vargas Varela, ex secretario de Administración; Pablo Arturo Negrete Santiago, ex director de Patrimonio en la secretaria de Administración; Jorge Alberto Colín Castellanos, ex jefe de la unidad técnica de obra de la secretaria de administración; Pedro Alejandro Anieva Valencia, ex jefe del departamento; Alberto, Juventino Espinoza García, ex jefe de supervisión de la secretaría de administración, habrían incurrido en un perjuicio al erario por 900 millones de pesos en el proyecto “Apoyo a la Movilidad y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca”, el cual formaba parte del proyecto “Sistema Integral de Transporte de Oaxaca (SIT)”.
De acuerdo a últimos resultados preliminares de las indagatorias de la Secretaría de Administración, Contraloría y Fiscalía Anticorrupción, se estableció que el posible delito en el que incurrieron esos ex funcionarios del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, son uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, coalición de funcionarios y peculado.
El proyecto denominado “Apoyo a la Movilidad y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca”, se estableció en el contrato: COP-SA-DA-LP-009/2014 con la empresa “GAMI, Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V”.
Fue el pasado 15 de noviembre del 2014, cuando el entonces ex subsecretario de Finanzas, Alberto Benítez Tiburcio, emitió el oficio de autorización para la ejecución de ese proyecto por el monto de 450 millones de pesos Vargas Varela.
Sin embargo, el ex secretario de administración -según el expediente- el 29 diciembre del 2014, celebró el contrato con la empresa “GAMI, Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V.” por un monto total de 509 millones 181 mil 740 pesos.
Sin embargo, los funcionarios imputados habrían celebrado contratos de obra (para la infraestructura) sin tener la facultad para ello, realizaron pagos de obra sin ejecutar, pagos en exceso, omitieron hacer valida la fianza de cumplimiento, por la falta de planeación se adquirieron 38 camiones Dina que consecuentaron el deterioro y depreciación de las unida, ocasionado en su conjunto un perjuicio al erario público por más de 900 millones de pesos.
En el caso de las empresas involucradas en el proceso de reconstrucción con obras inconclusas en la región del istmo de Tehuantepec, Díaz Navarro, refirió que esas irregularidades pueden tratarse por actos de corrupción e impunidad, luego que el proyecto no se concluyó, pero si se empezó.
Díaz Navarro detalló que lo que se está investigando son los mecanismos que se ejercieron para su contratación y ejecución, aunque se negó a dar los nombres.
“Ha habido un abuso por parte de las empresas, sobre todo por parte a las que se les dio la confianza para auxiliar la reconstrucción escolar. Tenemos iniciados acciones sobre empresas que se les contrato y que no hicieron el servicio y si lo hicieron lo hicieron a medias y otras desaparecieron. La fiscalía anticorrupción también realiza los procedimientos”, apuntó ante los diputados en su comparecencia.
De su lado la Fiscal Anticorrupción, ha reportado que los casos en los que autoridades municipales, denunciaron que se utilizaron recursos municipales para la reconstrucción pero que no llegaron a su destino. Entre grupos empresariales que han sido ventilados están Grupo Aguirre y Grupo ASIRI, por 29 millones 121 mil 774.73 pesos y el segundo son empresas supervisoras externas por un monto global de 15 millones 051 mil 492.24 pesos.
En el caso de las observaciones hechas por la ASF, la SFP a los recursos federales ejercidos por la administración de Murat Hinojosa en el 2019, y del informe del OSFEO a la cuenta pública 2018, evitó polemizar. “Faltan los informes finales de la ASF y apenas salió el de la OSFE porque hay tiempos diferentes. Tenemos que esperar los informes para dar una respuesta específica”.
Justificó también que “una cosa es que tengas una observación por solventar y otra es que te hayas llevado el dinero”, atajó.
En tanto, presumió a los diputados locales que, Oaxaca mejoró su lugar en el ranking nacional en del Índice de Transparencia y Disponibilidad de Información Fiscal, logrando el sitio número 15 a nivel país, mientras que, en el Ranking de Portales Estatales de Transparencia, elaborado por la evaluadora U-GOB -que mide prácticas de gobiernos estatales para hacer accesible la información y servicios gubernamentales a la ciudadanía a través de sus portales-, Oaxaca pasó del lugar 29 al 15 a nivel nacional.
Aseguró que Oaxaca obtuvo un cumplimiento del 88.38% derivado de las revisiones realizadas por esta Secretaría, respecto, al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT-Plataforma Nacional de Transparencia – INAI), mejorando la calificación respecto al 2018 por más de 29 puntos.
En auditorías, a partir de la coordinación entre los órganos responsables de las tareas de fiscalización gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, esta Secretaría participó en 107 auditorías en 2019.
Destacan 60 auditorías del Programa Anual de Trabajo suscrito con la Secretaría de la Función Pública a recursos federales durante 2019, fiscalizando 3,780 millones de pesos, procedimiento del cual se generaron 95 observaciones por 119 millones, de los cuales, 53 observaciones corresponden a Municipios.
De las dependencias estatales, no dijo nada.
Adicionalmente, la Contraloría dio seguimiento a 884 observaciones pendientes de solventar por 11,402 millones ante la Secretaría de la Función Pública, correspondientes a resultados de auditorías del 2008 al 2017; se atendieron 629 observaciones por 10,913 millones de pesos, esto es, el 96% del monto total observado, por lo cual Oaxaca fue el Estado que más avanzó en esta materia, de acuerdo a información de la Secretaría de la Función Pública de esta Administración Federal.
En lo que respecta al combate a la corrupción y la impunidad, a partir de esta Administración y hasta el 31 de diciembre de 2019, se tramitaron 1,964 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se han resuelto 1,666, es decir, 84.82%, que resultaron en 1,392 sanciones inscritas. En cuanto a servidores públicos sancionados e inhabilitados, suman 430 sanciones en 2017, 513 en 2018; y en 2019, 375 más, de las cuales 23 son inhabilitaciones.
En quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, hasta diciembre pasado había en trámite de investigación 3,064 expedientes, 1,307 se iniciaron en 2018, y 1,740 en 2019, y de estos se concluyeron 808 en 2019.
