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Jaime GUERRERO
La bancada del Partido Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local para quitarle la facultad al gobernador del estado, en turno, en la designación de los las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Laboral.
Para nombrar a las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Laboral, el Congreso del Estado a través de su Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, desarrollará un proceso bajo los principios de transparencia y máxima publicidad, en el que realizará una convocatoria abierta, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 101.
En el caso de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Laboral, El Consejo de la Judicatura certificará el cumplimiento de los requisitos de ley y aplicará los exámenes de oposición.
Una vez concluidos éstos, remitirá al Congreso del Estado una lista que contenga ocho candidatos, de los cuales la Comisión Permanente de Administración de justicia remitirá al pleno, una para que se elija a quien debe ser magistrada o magistrado.
Al ser un instrumento de designación signado en 1987, desde esa fecha y en la actualidad, el nombramiento de las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Laboral, ha sido elección directa del gobernador en turno.
La Presidenta de la Comisión de Administración de Justicia, Eliza Zepeda Lagunas, consideró que el actual procedimiento, pone en duda la transparencia y autonomía de las y los integrantes de los tribunales, por lo que es necesaria la facultad del Congreso del Estado, en designación a través de la comisión de Administración y Procuración de Justicia, para erradicar el compadrazgo y amiguismo en el Poder Judicial.
Argumentó que “el problema de acceso a la justicia tiene muchas aristas, pero una de ellas es la forma de designación de las magistradas y magistrados, ya que venimos de una tradición poderosa de influencia del Poder Ejecutivo en la integración del Poder Judicial, en ese sentido es difícil mencionar que exista autonomía y división de poderes entre estos órganos que integran el estado”, refutó la representante popular.
Zepeda Lagunas, dejó claro que el hecho de que sea el gobernador quien determine definitivamente quienes serán integrantes de las y los Magistrados, provoca que desde su integración el sistema de justicia tenga poco contrapeso real con los otros poderes.
De igual forma, abundó que, en la legislación actual, no hay ninguna medida afirmativa e incluso una ventana de oportunidad para que durante la designación de magistradas y magistrados se puedan realizar acciones afirmativas para que alguna persona proveniente de población afrodescendiente o indígena pueda formar parte del órgano máximo de administración de justicia.
