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Jaime GUERRERO
Oaxaca se ubicó en el segundo lugar en este rubro dentro del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020, con 413 servidores públicos de las instituciones Administrativas Públicas sancionados por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Sin embargo, por número de auditorías realizadas a las instituciones de la Administración Pública y Unidades con observaciones o anomalías, por entidad federativa según autoridad de control, vigilancia y fiscalización, en Oaxaca se realizaron 106, con lo que se ubicó en uno de los estados con menor número de auditorías realizadas.
De lo anterior se desprende que 35 se realizaron por la Secretaría de la Función Pública u homóloga en la entidad, 40 por la Secretaría de la Función Pública, 31 por la Auditoría Superior de la Federación.
De manera específica para la entidad, de los 413 sancionados, 374 fueron por faltas administrativas no graves y 39 por faltas administrativas graves. Por sanciones aplicadas en 32 casos se procedió a la inhabilitación temporal, en 3 fueron suspendidos del empleo, cargo o comisión, en 230 procedió una amonestación privada y el resto en amonestación pública.
En cuanto a quejas y denuncias recibidas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de las Administración Pública, Oaxaca recibió 1671 quejas.
Oaxaca sólo fue antecedido por el Estado de México con 772 y seguido por Chiapas con 228 servidores públicos sancionados detallan el censo.
A nivel nacional se iniciaron 51,833 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. De acuerdo con el origen de la investigación, 45.2% provino de una queja y/o denuncia.
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020, explica el Inegi, tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran a la Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario y medio ambiente, así como justicia cívica (únicamente para el caso de la Ciudad de México), con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.
