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Jaime GUERRERO
La declataratoria de imposibilidad para dictaminar las Cuentas Públicas Estatal y Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2019, por parte del Congreso del Estado, bajo el argumento de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) no presentó en tiempo y forma los informes de resultados respectivos, provocó una serie de señalamientos de corrupción y saqueó de las arcas del Congreso del Estado, desde la gestión de la ex presidenta de la Junta de Coordinación Política, Laura Estrada Mauro, hasta la solicitud de remoción del titular del organismo de fiscalización, Guillermo Megchún Velázquez.
La polémica estalló cuando el diputado del Partido del Trabajo (PT), César Morales Niño exigió nuevamente la destitución del titular del OSFEO, porque dese el 2018 a la fecha, no ha hecho su trabajo.
“La desfachatez, la sistemática violación a la Constitución Local y la burla con la que Guillermo Megchún Velásquez conduce el máximo órgano de auditoria en el Estado, no debemos ser cómplices de quien no respeta su obligación constitucional como servidor público y recurre a recovecos y argucias ilegales para su beneficio”, lanzó.
“Seamos contundentes, implacables con esta violación, que la presente Comisión Permanente, independientemente de este Acuerdo, inicie el procedimiento de revocación a los sub-auditores y por supuesto al Auditor Superior y la vista a las autoridades penales correspondientes”, demandó.
Morales Niño, afirmó que su integración fue, desde el principio, un arreglo tras bambalinas para congraciarse con el entonces, recién gobierno electo, pero su actuación a partir de ese momento ha sido un libertinaje.
Afirmó que su primera tarea una vez en el cargo (cuenta pública 2017) ha sido señalada de oscura y viciada, por lo tanto, como dicen los abogados, NULA DE PLENO DERECHO.
“Su segunda encomienda, revisión cuenta pública estatal y municipales 2018, el día de hoy, en puntos más delante de la presente Sesión, se tendrá como no aprobatoria por insuficiente, infundada e incompetente y por supuesto, el informe de resultados 2019 que entregó incompleto resulta inconstitucional, ilegal y de consecuencias penales. Es claro que el encargo le quedó grande al aún auditor y debemos decir: BASTA. Debe irse”, remató.
Criticó que por la lamentable Pandemia escanda su incompetencia. Cuestionó que en la justificación, el OSFE manifiesta que entrega el informe de resultados con 4 entes estatales y 26 municipales.
Por ello, el petista, propuso que a la par de la inminente remoción, se dé vista a las autoridades federales para que se finquen las responsabilidades que su actuar doloso, negligente e ilegal ha hecho de la revisión de la Hacienda Estatal.
En defensa del titular del OSFEO, la diputada del PRI, Lilia Mendoza Cruz, pidió una limpia a fondo en e OSFEO que alcance a los directores que impusieron los diputados de Morena y el PT. De paso pidió auditorias a los ex presidentes de la Junta de Coordinación Política, Laura Estrada Mauro y Horacio Sosa Villavicencio.
“La oposición tiene comprados a los directores de la OSFEO porque nada más la cabeza ( el titular) pertenece a una gente (afín al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa) que no es de ustedes. Les puedo dar nombres de directores y quienes los apoyaron y cuánto personal han metido”, asestó.
Visiblemente molesta, la diputada priista exigió también una auditoría al periodo de administración de Estrada Mauro y Horacio Sosa Villavicencio.
“Vamos hablando de honestidad, vamos hablando de limpieza y de no corrupción empecemos por la propia casa”,defendió la priista quien fue secundada los diputados de Morena, Ángel Domínguez Escobar y Othón Cuevas Cordova, quienes pidió nombres a lo que Lilia Mendoza contestó: “Laura y su esposo, quién saqueó el Congreso …Qué Laura nos explique por qué su esposo tomaba las determinaciones”, lanzó ante las versiones confirmadas por lo propios diputaos de la bancada de Morena.
Arreciaron las polémica, las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), María de Jesús Mendoza y Aurora López Acevedo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes rechazaron el dictamen, porque aseguran que se utilizaba el tema para proteger “de muchas corrupciones que existen en el Congreso”.
“No es posible que utilicen a una persona u órgano para amparar muchas cosas que muchos conocemos”, dijo la legisladora del Verde Ecologista. Domínguez escobar insistía en revelar nombres.
En su defensa, Estrada Mauro, presidenta de la Comisión Permanente de Vigilancia del Organo Superior de Fiscalización, justificó que solicitó al Auditor enviar la información completa pero no lo hizo, por lo que aseguró que no se puede dictaminar una cuenta pública “Y a la diputada Lilia le digo que la Auditoría está haciendo ya la revisión al Congreso, a las pruebas me remitió”, se defendió. No obstante, esa auditoria esta vara el organismo federal de auditorias.
Vino entonces la votación y con 26 votos en favor y 6 en contra, el pleno aprobó no dictaminar la cuenta pública Estatal y Municipal del 2019.
Así, el Congreso de Oaxaca se declaró imposibilitado para dictaminar las Cuentas Públicas Estatal y Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2019, toda vez que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) no presentó en tiempo y forma los informes de resultados respectivos.
El OSFE, como Órgano Técnico del Congreso, tuvo como fecha límite para entregar ante la Comisión Permanente de la LXIV Legislatura, dichos informes el pasado 30 de noviembre. La fecha venció; pero no entregó la documentación completa. Ante la Comisión únicamente se entregó la fiscalización correspondiente al 25 por ciento de la Cuenta Pública Estatal, y del 26 por ciento de la municipal.
Sin embargo, los resultados de la fiscalización deben presentarse en una sola entrega ante esta Soberanía, toda vez que no existe precepto legal alguno que admita o faculte al Órgano Fiscalizador a que se realicen y presenten de manera parcial o en etapas, por lo que su presentación es inconstitucional.
Por esto, la Comisión determinó que dicha información resulta insuficiente para poder someter, a más tardar el 15 de diciembre ante el Pleno Legislativo, el dictamen correspondiente sobre la Cuenta Pública 2019, tal y como lo indica la Constitución Política local en su Artículo 59, Fracción XXII.
