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Jaime GUERRERO
El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (#TEEO) determinó cancelar el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano con número JDC/130/2020, promovido por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Magda Isabel Rendón Tirado, porque se desistió, mediante escrito, de la demanda con la que pretendía regresar a ocupar su curul en la LXIV Legislatura.
La priísta, denunció omisión del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, de acordar favorablemente su escrito, en el cual hizo del conocimiento de la reincorporación a su cargo, así como de comunicárselo a la diputada suplente en funciones, Maritza Escarlet Vázquez Guerra y al Pleno de la Legislatura.
Además, Rendon Tirado, reclamaba el pago de dietas. Las dietas del un diputado o diputada de Oaxaca es de 42 mil 500 pesos, además de subvenciones que oscilan entre los 250 mil a 300 mil pesos mensuales.
No obstante, Rendon Tirado se desistió luego de que en la administración estatal le aseguraran que le darían un cargo a nivel directivo. Rendon Tirado, pretendía tumbar a su compañera de formula, ante la falta de cumplimiento de acuerdos por parte de sus jefes políticos.
Y es que el acuerdo de que Rendon Tirado se separará del cargo de diputado, estaba establecido desde que Rendon Tirado fue electa candidata y no hubo plazo que no se cumpliera.
El pasado 3 de diciembre del 2019, Rendon Tirado, solicitó licencia por tiempo indefinido a su cargo de diputada local plurinominal y su curul será asumida por la ex líder del Organismo de Mujeres del PRI, Maritza Escarlet Vázquez Guerra.
Con el inicio de la LXIV Legislatura, el pasado 13 de noviembre del 2018 y una vez definidas las Comisiones, Rincón Tirado, presidió la Comisión de Turismo del Congreso del Estado. Integró las de Agua y Saneamiento, Derechos Humanos, Igualdad de Género y la Comisión especial de seguimiento a la alerta de violencia de género contra las mujeres en Oaxaca.
No obstante, diputados del PRI consultados y la dirigencia priísta, confirmó que el acuerdo de integración de Rincón Tirado y Vázquez Guerra, era enrolarse por lapso establecido.
En el 2012, Vásquez Guerra, fue detenida por abuso de autoridad. En ese entonces, el procurador de Justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López, explicó que la detención ocurrió cuando la dirigente femenil salía de su domicilio, negando que se trate de un tema político.
La orden de captura fue librada por el Juzgado Segundo de lo penal del Distrito Judicial del Centro y fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) por presuntos delitos cometidos cuando fungió como directora de Notarías en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz.
De acuerdo con el expediente penal el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de su apoderado legal, presentó formal denuncia en contra de la indiciada por alterar información a favor al de Empresa Novopan de México. S.A de C.V., que incurrió en la falta de pago por cuotas obreros patronales.
En el documento, se sostiene que a pesar de que se embargaron cuatro bienes inmuebles de la referida empresa estos no fueron puestos en remate porque, Vásquez Guerra, en su carácter de Directora General de Notarías del Estado, expidió certificación de documentos presumiblemente alterados a favor de la empresa para evitar que fuera diligenciada.
El monto de los bienes inmuebles referidos, es por la cantidad de 39 millones 515 mil 577 pesos.
El proceso transcurrió, y el pasado 8 de agosto del 2011, el IMSS fue notificado de que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, concedió el amparo y protección de la justicia federal a un particular, dejando así insubsistentes los embargos decretados a la empresa Novopan de México, pues el quejoso manifestó que dichos bienes eran de su propiedad, exhibiendo copias certificadas de diversos instrumentos notariales, las cuales se encuentran presumiblemente alteradas.
En el momento de su detención Vázquez Guerra, tuvo que ser remitida a una clínica particular toda vez presentó una crisis hipertensiva que ameritó hospitalización, con vigilancia quedó a disposición del juez, sin embargo, podía salir bajo fianza por que el delito que se le imputó no fue grave.
En ese entonces, el asesor jurídico del PRI, Juan Flores Núñez, informó que se tendría que pagar 39 millones de pesos por fianza, 109 mil pesos de multa, por lo que acudirán a una afianzadora para liberar a la ex directora de Notarías en el Estado.
Según la denuncia penal interpuesta por el IMSS, la ex funcionaria de Ruiz Ortiz, incurrió en irregularidades que provocaron un quebranto al organismo, por lo que está sometida a un proceso penal.
La ex funcionaria enfrentó el proceso penal 112/2012 por la falsificación de dos escrituras a nombre del fallecido notario público número 24, Jorge Antonio Bustamante Gris, para evitar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se adjudicara cuatro predios embargados a la empresa Novopan de México por un adeudo de cuotas obrero-patronales.
Por su parte, un grupo de mujeres entre integrantes de su organización, así como diputadas federales y de ex funcionarias estatales dijeron que fue política la detención contra Vázquez Guerra, por parte del gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
En julio del 2014, Vásquez Guerra, quien fuera colaboradora de Ruiz Ortiz, consiguió su libertad bajo fianza.
