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14 años después, una profesora del Instituo “Miguel de Cervantes” en la villa de Etla, Oaxaca, fue capturada en Veracruz por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual, corrupción de menores y pornografía infantil en contra de al menos 5 alumnos menores de edad de esa institución.
En un mensaje en la cuenta de Twitter de la Fiscalía General de Estado de Oaxaca, se confirma la captura de la presunta implicada y aunque no la identifica, ni siquiera con sus iniciales, se presume que se trata de la entonces profesora Jazibe B. L. A. que era reportada como profuga de la justicia.
En julio del 2008 el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito Federal confirmó el auto de formal prisión en contra de Domingo Ramírez Ramírez y su esposa Margarita Jiménez García, propietarios del Instituto “Miguel de Cervantes” junto con sus hijos Erick y Alejandro Ramírez Jiménez, por el delito de corrupción de menores. En el ataque a 5 menores de edad algunos de ellos resultaron incluso con herpes geniales contagiados durante los abusos, que eran video grabados por los integrantes de la familia y la profesora recién capturada.
Según los testimonios de madres y padres de familia, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades hasta que intervino la SIEDO de la entonces Procuraduría General de la República y sólo así se lograron las primeras detenciones.
Diego Ramírez ya había sido detenido por hacer tocamientos indebidos a un menor de edad pero quedó en libertad con el pago de una fianza de 10 mil pesos y regresó al instituto en donde en complicidad de su familia atacó de nuevo a otros menores. En ese entonces los implicados consiguieron que las autoridades locales los procesaran por abuso sexual y no por el delito de violación, fue por eso que 3 madres de familia se unieron para llevar las denuncias a instancias federales y sólo así fueron procesados por delincuencia organizada.
Al enfrentar los mismos cargos que la familia de los propietarios del Instituto “Miguel de Cervantes” la mujer detenida enfrentaría una condena de 7 años de prisión según el código penal vigente en el año en el que cometieron el delito.
