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Jaime GUERRERO

Comuneros y habitantes de Tilzapote, en la Costa de Oaxaca, nuevamente acusaron que la asesora y ahora candidata a diputada local del Partido del Trabajo (PT) por el Distrito 25, Edith Araceli Santibáñez Bohórquez, los manipula, y asegura que la solución del caso por la invasión de una propiedad privada, aún está vigente, cuando ya es un caso juzgado por las autoridades federales.

Los comuneros afectados, quienes por obvias razones pidieron el anonimato, afirman que para lograr sus objetivos políticos-económicos, se ha aliado con el Secretario de Prensa y vocero de la Sección 22 del SNTE, Wilbert Santiago Valdivieso.

Así mismo, con algunos presidentes de los Comisariados de Bienes Comunales y el candidato a diputado federal por el PT, Benjamín Robles Montoya.

“Las autoridades agrarias federales les han dado la razón a los dueños de la propiedad, y que todos las sentencias han salido a su favor, pero la señora Araceli Santibáñez siempre nos dice que el caso no está solucionado, que aún está vigente. No es un caso concluido.”, relevaron.

Revelaron que los presuntos dueños han presentado documentos falsos y hoy dudan porque no tienen un documento que les de certeza jurídica, donde plasme que los terrenos legítimamente son de ellos.

Los intereses de la asesora jurídica y hoy candidata del PT, son netamente políticos, porque los está utilizando para lograr la diputación en ese distrito con cabecera en Pochutla.

“No sabemos que persigue el señor Wilbert Santiago, tampoco el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, quien conoce muy bien el caso porque estuvo como representante del Gobierno del Estado cuando era gobernador Gabino Cué, lo que consideramos es que sea económico y de intereses políticos”.

Los comuneros afectados señalan que también los presidentes del Comisariado de Bienes Comunales anterior y el actual, están en complicidad, ya que respaldan las mentiras de la candidata a diputada local, en el sentido de que el asunto está vigente.

Por este caso, hay órdenes de desalojo que aún están vigentes, las cuales están detenidas.

Sin embargo, la presunta asesora y candidata a diputada del PT, engaña a comuneros y los obliga a bloquear carreteras para evitar el desalojo.

“Todo eso es mentira, por el momento no hay intensión de cumplir con el desalojo. Ya no queremos que nos siga engañando de esa manera. Nos damos cuenta que lo que quería ser es candidata a diputada local. Una vez que logró ese objetivo, ahora nos deja en la indefensión”, denunciaron.

Refirieron que la semana pasada, bajo el engaño que se realizaría una diligencia, los obligó nuevamente a tomar la carretera, no obstante, no pasó nada, nadie llegó, “solo nos utilizó”.

Criticaron en la radio informara falsamente sobre la diligencia y llamó a votar por ella.

Afirmaron que también se han enterado que existen procesos abiertos, ya que el Tribunal Colegiado y de Circuito ordenó a la Fiscalía General de la República iniciar procedimientos penales en contra del anterior Comisariado de Bienes Comunales, en contra de la abogada y ahora candidata a diputada, así como de su socio Wilbert Santiago Valdivieso, entre otros.

En el año de 2019, el Juez de Control Constitucional ordenó se le notificara a las 153 personas que se habían anotado en el padrón del TUA, así como por cuenta separadas a las 153 viviendas, que iban a ser vinculados a proceso penal por no cumplir las sentencias que eran a favor de los propietarios.

Sin embargo, el presidente municipal no cumplió con la entrega de las notificaciones, porque lo que les interesaba es continuar con ese conflicto con fines políticos.