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Jaime GUERRERO
Por unanimidad, el Senado de la República aprobó el proyecto para expedir la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que castiga hasta con 20 años de prisión a quien reproduzca, copie, imite o se apropie de elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades sin autorización del titular o titulares de los derechos
Los senadores respaldaron el dictamen que fue enviado al Ejecutivo Federal y que busca proteger las manifestaciones culturales tradicionales ante el uso no consentido, la apropiación cultural o plagio de motivos y diseños de los pueblos originarios.
En el dictamen se establece que al que reproduzca, copie o imite por cualquier medio y con fines de lucro, en serie o industrialmente, incluso en grado de confusión, elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin el consentimiento previo, libre e informado, se le impondrá de 3 a 10 años de prisión y multa de dos mil a cincuenta mil Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 179 mil 240 a 4 millones 481 mil de pesos.
A quien comete el delito de apropiación indebida, es decir, que por cualquier medio se ostente como propietaria, autora, creadora o descubridora de alguno de los elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se hizo sin consentimiento libre, previo e informado, la sanción será de dos a ocho años de prisión y multa de quinientos a quince mil Unidades de Medida y Actualización.
También será castigada con la misma pena la distribución, venta, explotación o comercialización de cualquier modo y con fines de lucro elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sin previa autorización, así como la difusión por cualquier medio, manifestaciones declaradas inaccesibles al uso, aprovechamiento, comercialización o industrialización.
Cuando todas éstas conductas tengan como efecto el etnocidio cultural, porque generen daño, conflicto o menoscabo grave que ponga en riesgo la integridad y continuidad del patrimonio cultural, las penas se incrementarán hasta el doble. Estos delitos se perseguirán de oficio.
El ostentarse como titular de algún derecho colectivo sobre elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin tener la calidad o representación de los mismos y el poner a disposición del público a través de cualquier medio electrónico conocido o por conocer elementos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, serán conductas sancionadas con cárcel.
Las comunidades podrán iniciar una querella, queja y denuncia por el uso indebido de su cultura.
La Fiscalía General de la República y los tribunales federales son competentes para conocer de los delitos en materia de protección.
La ley prevé la constitución del Sistema Nacional de Salvaguarda de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y equiparables y del Registro Nacional de Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y equiparables.
La Ley se deriva de una iniciativa que originalmente presentaron, desde noviembre de 2018, el senador Ricardo Monreal Ávila y la senadora Susana Harp Iturribarría, de Morena.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Cultura, Susana Harp Iturribarría, dijo que el dictamen establece los procedimientos para que los pueblos y comunidades inicien una querella por el uso indebido de su cultura.
La queja, expresó, se desahogará ante las autoridades administrativas de la Secretaría de Cultura, así como los institutos nacionales del Derecho de Autor y de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
En el caso de las denuncias, refirió, serán las autoridades judiciales quienes atiendan las demandas por el uso no consentido con fines de lucro.
Destacó que la Cámara de Diputados propuso algunos cambios, como modificar la naturaleza de la Ley, de una general a una de orden federal; y cambiar su denominación a protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades; así como algunas propuestas para la integración del registro público de bienes del patrimonio cultural indígena y afromexicano.
Sin embargo, aclaró, que la propuesta de la colegisladora incluye el contenido del proyecto que originalmente avaló el Senado; “casi a dos años después, estamos en la posibilidad de entregar a los pueblos y comunidades un instrumento normativo que por fin contribuya a la protección de sus culturas.
Con la aprobación, expuso, se creará un sistema robusto de protección y salvaguardia del patrimonio vivo de nuestros pueblos, con una Ley específica en la materia que se basa en la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades.
Monreal Ávila enfatizó que esta legislación está encaminada a que el Estado mexicano proteja y frene el robo de la cultura y patrimonio de las comunidades indígenas y afromexicanas.
La ley, explicó, tiene su origen por la actitud “deleznable” que representa el plagio de las artesanías, textiles, cultura y arte de las comunidades originarias, sin que hubiese ningún respeto, autorización, indemnización o pago, por su uso y aprovechamiento.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política aseveró que con toda impunidad marcas nacionales e internacionales plagian la cultura, estilos, creatividad, artesanías y textiles de las comunidades, de manera impune.
Desatacó que la legislación pretende frenar y terminar con esta actitud irregular e inmoral y proteger la cultura de estos sectores de la población, que llevan siglos desprovistos de derechos para el reclamo de estos hechos.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senadora Ana Lilia Rivera Rivera, precisó que el dictamen no regula la forma en que se organizan las comunidades para trabajar los elementos de su patrimonio cultural al interior de éstas, sino que se enfoca en regular el uso, aprovechamiento, comercialización e industrialización por parte de terceros
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que, por años, las creaciones de las comunidades indígenas han sido objeto de plagio por parte de diseñadores de moda, de joyas, artistas plásticos, ceramistas, cineastas, entre otros.
