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Jaime GUERRERO

Alberto Reyna Figueroa, líder de una facción de la Coalición Obrero, Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI) que a lo largo de los años ha usufructuado con ese membrete al grado de llegar a ser presidente municipal de Juchitán de Zaragoza y hoy delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), tiene -a base de presiones y chantajes- en la nómina de ese ayuntamiento a su esposa, sobrinos, hermana y hasta la actual diputada local de Morena, Reyna Victoria Jiménez Cervantes.

Incluso, la hoy diputada local que entró en funciones en la LXV Legislatura, el pasado 13 de noviembre del 2021, llegó a cobrar su aguinaldo en el mes de diciembre del año pasado.

Jiménez Cervantes, es cuota de Reyna Figueroa, quien a lo largo del proceso de constitución de la bancada de Morena en la actual legislatura, llegaba a las reuniones de los diputados locales electos morenistas a negociar por ella, sin que la diputada estuviera presente.

Entre los familiares de Reyna Figueroa, están su sobrina, Jazmín López Figueroa con la plaza 0110101679 con un salario de 4 mil pesos quincenales; su hermana, Imelda Reyna Figueroa con plaza 0110100888 y un salario de 4 mil pesos.

En la regiduría de parques y panteones tiene como “asesor” a su sobrino Luis Alberto Reyna Reyna Figueroa con la plaza 0290101079 con un sueldo de 8 mil pesos quincenales y en esa misma regiduría tiene como coordinador a su hermano, Enrique Figueroa con un sueldo de 8 mil pesos.

También en la regiduría de parques y panteones, Reyna Figueroa, logró colocar a lo largo del trienio pasado a la hoy diputada de Morena, Reyna Victoria Jiménez Cervantes, quien ostentaba la plaza de coordinadora 0290101078 con un sueldo de 8 mil pesos quincenales.

A través del Sindicato Flores Magón, el líder de una facción de la COCEI, también tiene a su esposa, Griselda Martínez Vázquez, con la plaza 0110101850 con un sueldo quincenal de 3 mil 428.57 pesos.

Son decenas de personas que Reyna Figueroa ha colocado en la nómina del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza que de acuerdo a un reporte revelado por la administración del edil, Emilio Montero López, asciende a 486 mil pesos quincenales.

Una vez que Montero López, se reeligió en el cargo ahora bajo las filas del PT, Reyna Figueroa vuelve a la carga y pretende que sigan como “aviadores” sus familiares y amigos.

De acuerdo a las pruebas presentadas por el edil, Emilio Montero son al menos 80 personas quienes buscan estos privilegios a base de chantajes y presiones.

El municipe lamentó que Reyna Figueroa amague con una serie de movilizaciones ante el presunto despido de trabajadores, los cuales pertenecen a su organización Hermanos Flores Magón.

“Sería un error muy grave ceder o que cedamos a la repartición de recurso y que deje al ayuntamiento en una inoperatividad financiera. Le estamos informado al pueblo de Juchitán que no vamos a ceder a estas presiones que lleven al desequilibrio financiero”, advirtió.

Por lo pronto, Montero López, prometió que a quienes se levantan muy temprano a trabajar, a quienes les han salido callos en las manos, se les respetará su trabajo.

Reveló que los mismos trabajadores afines a Reyna Figueroa, le han detallado en que lugares y sitios están adscritos los afines al líder de la COCEI y aquellos que están laborando para él en ranchos y sitios privados.

Para no perder privilegios, la diputada local de Morena, Jiménez Cervantes, acusó a Montero Pérez, de pretender despedir a 80 trabajadores del sindicato Hermanos Flores Magón, porque votaron por Morena, en la elección municipal pasada.

Para arreciar sus chantajes, amagó con huelga de hambre en el Congreso del Estado, mientras que otra parte de los trabajadores acudirá a protestar en el zócalo de la Ciudad de México, para denunciar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que en Juchitán se despide a los trabajadores.

Montero López, salió al paso y afirmó que “no persigue a nadie por razones políticas.

Aclaró que serán contratadas las personas que se requieran y de acuerdo con la disponibilidad financiera del ayuntamiento” y aseguró que no permitirán la contratación de aviadores.

Montero Pérez invitó al exedil a un diálogo público el próximo jueves, en la Comisaría de Seguridad Pública, y pidió a las autoridades estatales y federales que intervengan ante la desmedida pretensión de los grupos políticos que “en el pasado usufructuaron el presupuesto municipal (para) mantener sus privilegios mediante el chantaje”.