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Jaime GUERRERO
Con la reciente reforma Ley de Movilidad y Seguridad Vial aprobada por el Senado de la república, las sanciones en multas y reparación del daño, serán mucho más altas que las actualmente vigentes, señaló la titular de la Semovi, Claudia Silva Fernández.
La funcionaria explicó que al igual que la ley estatal de movilidad vigente en Oaxaca, en la pirámide de movilidad nacional prioriza al peatón, posteriormente al ciclista y personas en patines. “Lo que cambia es en el tema de multas porque éstas serán más fuertes para quienes infrinjan la ley además de la reparación del daño para víctimas de accidentes viales”, sostuvo.
Otro tema importante -agregó- es relativo a la aplicación del alcoholímetro, que aún cuando en la entidad se realiza en toda la entidad, éste va a ser obligatorio además de marcar una reducción del grado de alcohol permitido en sangre para poder conducir un vehículo.
La velocidad máxima también sufrió modificaciones. Con esta nueva ley hay una regulación del límite en una calle primaria o terciaria de 30 kilómetros por hora, en avenida principal máximo 80 por hora. Esto incluye a todos los medios de transporte incluido el transporte urbano.
Pide una infraestructura segura en los estados además que haya una atención médica pre hospitalaria.
Las medidas -resaltó- traerán como consecuencia menos lesiones y muertes por accidentes. “Esto permite mayor seguridad para los peatones, los ciclistas, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y niñez. Habrá mejor control de las velocidades porque muchas veces no respetamos esos límites de velocidad y esto ocasiona fatales accidentes”, manifestó.
La ley aprobada el pasado martes en el Senado de la república está integrada por 82 artículos y señala principios como jerarquía de movilidad, derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares.
Lo mismo establece los instrumentos de política pública de movilidad y seguridad vial para la infraestructura, del tránsito, en la gestión de la demanda; la sensibilización, educación y formación en materia de movilidad y seguridad vial; la distribución de competencias y coordinación, así como convenios de coordinación metropolitanos y la participación social de las entidades federativas, municipios y zonas metropolitanas.
