#RedacciónOaxaca
#Oaxaca
Jaime GUERRERO
En cumplimiento a las sentencias emitidas en los juicios ciudadanos JDC/133/2020 y JDC/143/2020 por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, por segunda ocasión se le ordena a la Presidencia Municipal de San Jacinto Amilpas, pese a que fueron cometidas por la ex munícipe, Yolanda Santos Montaño.
Cabe recordar que la expresidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Yolanda Santos Montaño, se convirtió en la primera persona del país a la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le declara la pérdida del modo honesto de vivir, por desacatar la sentencia con la que se le obligó a ofrecer disculpas públicas a regidoras contra las que ejerció violencia política de género.
La actual Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas para el periodo 2022-2024, Gabriela Pérez López, refirió que éste jueves, se ofrecerían disculpas públicas a las actoras de los expedientes JDC/133/2020 y JDC/143/2020, pese a que su administración no incurrió en violencia política.
Sin embargo, pese a que las ex regidoras fueron notificadas y se les espero por mas de cuarenta minutos, estas no se presentaron a la sesión extraordinaria mediante la que de manera institucional se le ofrecerían disculpas públicas tal y como lo ordena las diferentes sentencias.
Pese a la inasistencia de las actoras, se hace notar la buena fe e interés de cumplimiento por la Munícipe y su cabildo, pues se encuentran realizando cabalmente la ordenanza del Tribunal Electoral, aún cuando no son los actuales concejales quienes ocasionaron las disculpas públicas, asumiendo con responsabilidad su cargo.
Por lo pronto, Pérez López, adelantó que dará vista al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, para los efectos legales correspondientes, y en su caso, sea ese órgano jurisdiccional quien emita su acuerdo al respecto y se respetará sus determinaciones.
Fue por mayoría de votos, como el pleno de la Sala Superior del TEPJF modificó la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, relacionada con la imposición de una disculpa pública por parte de los actuales integrantes del ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en favor de dos exconcejalas, derivado de la comisión de actos de violencia política de género y obstrucción de su cargo municipal por parte de la anterior integración del ayuntamiento.
A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el pleno de la Sala Superior consideró que el hecho de que quienes cometieron violencia política de género dejen de ocupar el cargo bajo el cual cometieron esos actos no debe traducirse en un incumplimiento sin consecuencias de una medida de reparación ordenada por órganos jurisdiccionales.
Fue correcto lo establecido por la Sala Xalapa en cuanto a la obligación de la actual integración del ayuntamiento de emitir las disculpas públicas a las entonces concejalas.
Como consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento de la medida de reparación, la Sala Superior del TEPJF vinculó al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca a vigilar el cumplimiento de las disculpas públicas por parte del Ayuntamiento.
Al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Estatal Electoral y de Participación de Oaxaca (IEEPCO) registren a la expresidenta municipal en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; y se debe declarar la pérdida de su modo honesto de vivir para los próximos procesos electorales ordinarios.
Así, Santos Montaño se convirtió en la primera persona a la que el TEPJF le declara la pérdida del modo honesto de vivir, por haber decidido desacatar la sentencia con la que se le obligó a ofrecer disculpas públicas a las regidoras contra las que ejerció violencia política de género y dejó el primer sustento para sancionar a quienes deciden caer en desacato de una sentencia por violencia política en razón de género emitida por la Sala Superior.
La magistrada Janine Otálora explicó que este proyecto refleja las consecuencias jurídicas del incumplimiento de las medidas de reparación por parte de personas violentadoras de mujeres en la política.
“La Sala Superior envía un mensaje claro, la violencia política en razón de género tiene consecuencias y el incumplimiento de sus sentencias también tienen consecuencias”.
La y los magistrados que aprobaron el proyecto, concluyeron que Santos Montaño incumplió de manera deliberada con la sentencia que le impuso una orden judicial, pues no convocó a sesiones para cumplir con esta disculpa durante más de un año, a pesar de la insistencia del resto de los integrantes del Ayuntamiento para cumplir con esta sentencia.
La nueva decisión de la Sala Superior fue ordenar que los actuales integrantes del Ayuntamiento ofrezcan estas disculpas públicas, pues las omisiones de los gobiernos trascienden a las personas.
Al retirar el modo honesto de vivir de la militante de Morena y ordenar al INE y el IEEPCO, que la incluyan en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, no podrá aspirar ni acceder a ningún cargo público en los próximos procesos electorales.
