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Jaime GUERRERO
El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en contra del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, por ocupar recursos públicos para “atacar” y “descalificar” a la aspirante Presidencial del Frente Amplio Por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.
En conferencia de prensa, la presidenta del CDE del PAN, Perla Woolrich Fernández, acusó el uso indebido y exacerbado de recursos públicos y el aparato de Estado, para denostar a la oposición, a Gálvez Ruiz y al Frente Amplio por México.
Refirió que en la conferencia del mandatario morenista, se utilizaron recursos estatales para atacar y calumniar a los partidos integrantes del Frente Amplio por México y principalmente de la senadora Xóchitl Gálvez, argumentando que no estaba amonestado por la autoridad electoral.
Por ello, exigió a las autoridades electorales a realizar su trabajo y sancionar al gobernador por incurrir en violaciones a la norma electoral, y a la vez castigar la pinta de bardas y espectaculares de las llamadas “corcholatas” de morena para promocionarse de forma anticipada e ilegal y que siguen llenando calles y plazas públicas en la entidad.
El recurso fue presentado el pasado 25 de agosto por el representante del PAN ante los organos electorales, Alejandro Facio y tiene como objetivo que el órgano electoral comience una investigación en contra del mandatario.
Además de que otorgue medidas cautelares a efecto de prohibirle a Jara Cruz, seguir pronunciándose sobre la aspirante panista, precisó el representante jurídico del PAN en Oaxaca, Édgar Jiménez García.
Jiménez García, argumentó que, el recurso legal es en contra del “uso de instrumentos y el uso de todo el aparato de gobierno en cuestiones electorales y políticas”, podría ser sancionados con una amonestación o la apertura de un procedimiento administrativo.
Expuso que el aparato de gobierno tiene que ser utilizado en beneficio de la sociedad en temas relacionados con salud, educación o seguridad y no para inmiscuirse en materia política electoral.
Y es que el pasado 21 de agosto, Gálvez Ruiz dio su punto de vista tras el surgimiento de la polémica sobre el desarrollo en el sur, que también fue divulgada en la conferencia mañanera del presidente López Obrador: “No inventen, no traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad, no es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste”, dijo en un mensaje a través de su cuenta de X.
“Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso, proyectos ecoturísticos como Las Nubes, El Chiflón, Las Guacamayas, Frontera Corozal, proyectos productivos relacionados al campo, a la miel orgánica, al café orgánico, tan funcionó que en la fecha, siguen”, afirmó.
En tanto, la segunda queja contra Jara Cruz, obedece al desacato a una suspensióndefinitiva otorgada para impedir la distribución de los libros de texto gratuito “ante los graves errores de su contenido y el incumplimiento que exige la ley para su elaboración, publicación y distribución”, dijo la panista.
Acompañada de la secretaria de Vinculación con la Sociedad Adriana Soledad López Jiménez, la dirigenta del PAN en Oaxaca, lamentó que en vez de preocuparse por la niñez y buscar alternativas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el gobernador quiere “minimizar” el acto de abuso de poder y el desacato en el que incurrió a sabiendas que hay errores que desinforman, que mienten y que no son fiables como herramientas de consulta en las aulas escolares.
López Jiménez expuso que la queja fue interpuesta ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), como parte del seguimiento a un desacato cometido por el mandatario estatal, luego de que la Unión Nacional de Padres de Familia obtuvo la suspensión definitiva en el amparo 784/2023 otorgado por la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina que ordenó detener la distribución de los libros de texto gratuitos.
La abogada expuso que además de los múltiples errores en sus contenidos detectados por especialistas a nivel nacional destacó el hecho que el gobierno federal no cumplió con todos los requisitos y procesos que exige el marco legal, como es la elaboración de planes de estudio previos, así como la consulta y participación del magisterio y de los padres de familia.
