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Jaime GUERRERO

Por presuntos actos de corrupción de exfuncionarios públicos de la administración del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se han judicializado al menos 30 carpetas de investigación que han derivado en la detención de siete ex servidores públicos, los cuales se encuentran bajo prisión preventiva, mientras que, la “joya de la corona”, el ex titular de Sinfra, Javier Lazcano Vargas, se encuentra prófugo de la justicia.

Al confirmar que Lazcano Vargas, se esconde de la ley, el consejero jurídico, Geovanny Vásquez Sagrero, destacó que, algunas de las carpetas que se han judicializado y han derivado en detenciones, son producto de las indagatorias que realiza la Secretaría de Honestidad y Transparencia y la Fiscalía Anticorrupción.

No obstante, confirmó que, existen funcionarios prófugos, como Lazcano Vargas, porque de alguna u otra forma se enteran, como el ex titular de Sinfra, quien fuentes de la Fiscalía General de la República, lo ubican en un país del extranjero.

En el caso de los ex titulares de Semovi, Arturo López Sorroza y Mariana Nassar Piñeyro, actual diputada federal del PRI, dijo desconocer el estatus.

No obstante, dijo que no se podía echar a andar el servicio de transporte Citybus, porque existen responsables del desfalco en el proyecto, debido a que la inversión ha sido millonaria y no pueden hacer qué no pasó nada en el destino y uso de los recursos.

Vásquez Sagrero, destacó que siguen auditando los 3 mil 500 millones de pesos que fueron contratados por la pasada administración a través del decreto 809, autorizado por el Congreso del Estado, de mayoría integrado por diputados y diputadas de Morena, cuya gran parte fueron relectos en el cargo, otros más, actuales funcionarios de la administración de Salomón Jara Cruz.

En el caso de las 1 mil 200 plazas entregadas de manera irregular por la pasada administración, reiteró que se emplazará a las personas y en caso de detectarla comisión de un hecho delictuoso por usar documentos falsos, trafico de influencias, las resoluciones tienen que ir acompañadas por el ministerio público y se castigue la comisión de un delito.

Respecto al ex gobernador, Murat Hinojosa, indicó que, si en el momento aparece alguna responsabilidad tiene que, ser investigado. Aclaró que “una cuestión es la acusación de boca, política, la otra es que tenga el sustento jurídico. No estamos inventando nada”, aseguró.

En el resto de los casos judicializados, se tienen las pruebas suficientes para solicitar las indagatorias. “Si en algún momento lo involucran sus propios ex funcionarios (a Murat Hinojosa) no tendríamos por qué esperar o no realizar las investigación correspondiente”.

Recalcó que de las investigaciones actuales, en su momento pueden derivar en imputarlo, “no lo descartamos”, puntualizó.

La aprehensión más reciente de un ex funcionario de Murat Hinojosa, fue el ex director Administrativo de la Secretaría de Movilidad del gobierno de Oaxaca (Semovi), Óscar Guillermo Guzmán Saavedra, a quien se le imputa el delito de uso indebido de atribuciones y facultades por la firma de un contrato de 33.5 millones de pesos con la empresa “CIFO Technologies S. A. de C. V.”, para contratar el “Servicio Integral que permita el Desarrollo de la Plataforma Tecnológica para la Administración del Sistema de Recaudo del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca”.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Guzmán Saavedra carecía de facultades para autorizar y firmar ese contrato, por lo su actuación causó un daño patrimonial al erario de Oaxaca.

Al ex funcionario de Semovi, se suman cuatro exservidores públicos de la Secretaría de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial (Sinfra), quienes también fueron detenidos por el delito de uso ilícito de atribuciones en la ejecución de obras públicas:

Leopoldo Gilberto López, subsecretario de Obras Públicas; Rubén César Mendoza, director de Control y Evaluación de Obra Pública; Manuel Meza Corres, subsecretario de Obras, y Alejandro Cristóbal Canseco Antonio, jefe de Infraestructura Urbana y Residente de Obra.

De acuerdo con la fiscalía anticorrupción, se detectó que se realizaron “pagos indebidos derivados de la abstención de cumplir con diferentes cláusulas establecidas en el contrato del proyecto “Ampliación y modernización de la carretera troncal 175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del km 1+000 al km 5+300 entronque a nivel con avenida Universidad.

En la construcción del puente sobre Río Salado en el km 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y San Agustín de las Juntas. Todos ellos fueron detenidos en junio pasado.

Previo a ellos, también en junio de 2023, Alejandro Aroche, exdirector del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) durante el sexenio pasado.

El exfuncionario está acusado por el delito de fraude por simulación, derivado del intento de creación de un sindicato y de al menos 263 nuevas palzas para personal del IEBO, quienes no cumplían con los requisito para laborar en la institución.

Aroche fingiría que defendía al IEBO y al patrimonio público de la creación irregular de estas plazas, porque tras el nacimiento del nuevo sindicato, en su calidad de titular, inició un proceso de impugnación; sin embargo, al concluir la administración de Murat, el funcionario desistió de dicho recurso sin justificación alguna.

El pasado mes de marzo fue aprehendido Jorge Zárate Medina, extitular del Instituto Catastral del Estado, por su presunta participación en una red de funcionarios y notarios públicos llamada el “Cártel del Despojo”, dedicada supuestamente al despojo de propiedades mediante la alteración de registros públicos de la propiedad.

La detención de este exfuncionario fue la primera en contra de un exintegrante del gobierno de Murat Hinojosa por fue detenido por el delito de ejercicio ilícito de la función pública en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Oaxaca, al extraer libros notariales para hacerse de propiedades ubicadas en el Centro Histórico de Oaxaca.