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Jaime GUERRERO
Con el aval de organizaciones sociales y de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca, aprobó en lo general y en lo particular, la reforma al Código Penal de Oaxaca para tipificar como delito la ejecución extrajudicial en el estado, aplicándose una pena de hasta 70 años de cárcel y 1 mil 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien cometa ese delito.
La iniciativa fue impulsada y construida por organizaciones sociales que integran el Comité de Victimas Tomás Martíonez y la Sección 22 del SNTE.
De acuerdo con un informe publicado por el Comité Cerezo, en 2018 reportó que durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, se registraron 184 ejecuciones extrajudiciales en México, de las cuales 49 ocurrieron en Oaxaca, y entre ellas se cuentan los asesinatos de seis personas durante los hechos violentos del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán.
Para dar paso a la tipificación, se agregó al Código Penal de Oaxaca el artículo 292 Quáter, en el cual se establece que se castigará de 50 a 70 años de prisión y con una multa de mil a mil 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a quien cometa el delito de ejecución extrajudicial.
En el caso de que quien haya cometido este delito sean servidores públicos, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público por el tiempo que dure la pena impuesta. Cuando se acredite que la víctima era una persona defensora de derechos humanos, la pena se incrementará en un tercio de la mínima y hasta un tercio de la máxima.
Para ello, se establece que “comete el delito de ejecución extrajudicial el integrante o miembro de cualquier corporación de seguridad pública estatal o municipal que, estando en ejercicio de su cargo, actuando arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza, prive de la vida a una o más personas; así como cualquier persona que, con el consentimiento, aprobación, orden o apoyo de cualquier servidora o servidor público estatal o municipal, prive de la vida a una o más personas”.
Esta reforma al Código Penal de Oaxaca es una iniciativa ciudadana, que surgió derivado de los hechos violentos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, donde murieron 6 pobladores, y 149 personas resultaron lesionadas, de ellas, 45 fueron por arma de fuego y 84 por gases lacrimógenos, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Las y los ciudadanos que impulsaron esta iniciativa son Santiago Ambrosio Hernández, Sergio Miguel Luna Cruz, Elvia Rosa Cruz Cruz, Rutila Santiago Cruz, Daniel Mayoral López, Moisés Hernández García, Iván Escobar Román, Uriel Ángel Pérez López, Rafael Guadalupe Salazar Maldonado y Diodoro Medina Ramírez.
Fue analizada y dictaminada por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia que preside la diputada Lizett Arroyo Rodríguez.
