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Jaime GUERRERO
Por unanimidad, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la validez de la elección presidencial y del triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera Presidenta de México.
“En el dictamen se propone declarar que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo fue la que obtuvo la mayoría de los votos, que la elección es válida por cumplir los principios constitucionales y que ella es elegible por reunir los requisitos establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política para ejercer el cargo de Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos”, se indica en el documento aprobado por las seis magistraturas que para este proceso integraron el Pleno: Mónica Soto Fregoso (presidenta), Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mara Pizaña, Reyes Rodríguez Mondragón, Janine Otalora Malassis, y Claudia Valle Aguilasocho.
Al colmar también los requisitos constitucionales de elegibilidad, desde el medio día de este miércoles Sheinbaum Pardo es la Presidenta Electa y recibirá su constancia en sesión solemne convocada para este jueves 15 de agosto.
Sin embargo, durante la calificación de la elección del pasado 2 de junio fueron señaladas presuntas irregularidades ocurridas durante el proceso electoral.
Luego de la presentación del proyecto de resolución final para oficializar el triunfo de Sheinbaum como la primera presidenta de México, los magistrados Janine Otálora Malasis y Reyes Rodríguez Mondragón lanzaron severos señalamientos en las fallas e ilegalidades cometidas por los actores políticos involucrados.
Otálora Malasis, consideró que el hecho de que Morena y aliados en el Congreso lograron adelantar el proceso de selección de candidaturas, que originalmente estaba previsto para el 7 de septiembre de 2023, significó que un fraude a la ley que tuvo que ser avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por el propio TEPJF.
“Aquí, la política impuso sus tiempos a los plazos de la ley y ni el Instituto Nacional Electoral ni este Tribunal Electoral pudieron frenar esta decisión, por lo que hubo que limitarse a tratar de encontrarle un cauce legal a una irregularidad que rebasó por completo la eficacia de nuestro sistema electoral”, comentó.
“Lo que fue denominado como procesos políticos novedosos, no fue más que un fraseo para evitar reconocer la comisión de un fraude a la ley”.
Consideró grave que los partidos políticos, que se supone deben abonar a la defensa del interés público, diseñen mecanismos para evadir la ley mismos que enrarecieron el clima político y pusieron en peligro la integridad del proceso electoral.
“Estos procesos adelantados fueron el aviso de qué serían los graves problemas de esta elección: acuerdos políticos por encima de las leyes, autoridades que evidenciaron sus dificultades para garantizar el cumplimiento de la ley y un desgaste innecesario de la ciudadanía por campañas particularmente largas”, enfatizó.
Acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su poder político y recursos públicos para intervenir en el proceso electoral.
“Las conferencias mañaneras fueron un espacio para atacar a una candidata y apoyar a otra, y esta intervención se materializó, como ya lo hemos señalado, en cerca de 50 conferencias matutinas.
“A pesar de que la elección de la primera Presidenta de México demuestra que la ciudadanía tiene la convicción por vivir en una sociedad más igualitaria y en la que los derechos de todas las personas tengan la oportunidad real de materializarse, la injerencia inconstitucional del funcionario público contraviene ese progreso ciudadano para revivir prácticas antidemocráticas del pasado”, puntualizó.
La magistrada destacó que durante las pasadas elecciones se vivió una situación nunca antes vista derivada de la desintegración de la totalidad de los tribunales electorales del país, incluida la Sala Superior del TEPJF, mediante la falta de designación de sus integrantes.
“Esta irresponsabilidad constitucional con la que se ha conducido un Poder de Estado, que en este caso el Senado, ha provocado, obviamente, un contexto nunca antes visto en nuestro país, también el diálogo y la discusión colegiada que son necesarias para las autoridades han estado ausentes”, explicó.
Rodríguez Mondragón señaló que las leyes electorales actualmente vigtentes fueron insuficientes para responder a la realidad política del país.
“A veces porque las reglas se encuentran seriamente desgastadas y otras veces porque en nuestro sistema de normas, simplemente, no existe una regulación para contener o sancionar todas las prácticas político-partidistas”, advirtió.
Por ello, el magistrado enfatizó en la necesidad de revisar para el futuro las reglas del juego pues las elecciones del pasado 2 de junio se desarrollaron en medio de omisiones, vacíos y faltas a las normas electorales.
Los cambios que Rodríguez Mondragón consideró necessarios se refieren a la seguridad en el proceso electoral, la reglamentación del 134 constitucional, la instrumentación de programas sociales, las reglas de las precampañas y el fortalecimiento de autoridades electorales.
“Lo que sería deseable desde una perspectiva de integridad electoral es que cualquier cambio al marco jurídico, sea este a sus instituciones o procedimientos, debe realizarse por consenso. Esto no solo contribuirá a la legitimidad de las reformas legales, sino también de las políticas públicas con que se implementen”, dijo.
En tanto, el magistrado Felipe Fuentes celebró el triunfo de Sheinbaum Pardo.
“La elección de Claudia Sheinbaum Pardo como Presidenta de México no es sólo un avance en la representación política, sino que refleja una transformación profunda en nuestra sociedad. La llegada de una mujer a la Presidencia del país, representa un avance significativo de décadas de lucha por la igualdad de género y la inclusión política”, apuntó.
“La elección de una mujer a la Presidencia simboliza la culminación de ese esfuerzo y el avance hacia un futuro en el que las barreras de género desaparezcan. Este momento no sólo es un triunfo para la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, sino un triunfo para todas las mujeres que han luchado y siguen luchando por un lugar equitativo en la esfera política”.
Para el magistrado Felipe de la Mata, la llegada de Sheinbaum a la Presidencia es un triunfo para y de la sociedad y un mensaje claro de que las mujeres tienen el derecho, la capacidad y la oportunidad de participar en todos los niveles de la vida pública.
“Hoy, después de un siglo de lucha, el pueblo ha decidido que una mujer asuma por primera vez la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y encabece las Fuerzas Armadas como Comandanta Suprema”, refirió.
Consideró que la diferencia de votos con los que ganó Sheinbaum (35 millones 924 mil 519), envía el mensaje de que “el pueblo tiene el poder” y demostró que la democracia mexicana está viva.
Previamente, la Sala Superior resolvió los medios de impugnación presentados contra la elección presidencial. Se trató de 240 juicios de inconformidad en contra de los cómputos distritales, dos juicios de conformidad y un juicio de la ciudadanía que solicitaron la nulidad de la elección, de todos, fueron desestimados los alegatos y confirmados los resultados controvertidos.
Posteriormente, se realizó el cómputo final de la elección presidencial, el cual concluyó que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la mayoría de los votos, al recibir 35 millones 924 mil 519, cifra que representa el 59.76 por ciento del total de los sufragios emitidos.
Asimismo, se determinó que la elección es válida porque fue libre, auténtica y periódica. Además, cumplió con los principios que rigen la función de organizar las elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Finalmente, se determinó que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos para ser presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, al cumplir con las exigencias establecidas en los artículos 82 y 83 de la Constitución.
En consecuencia, la Sala Superior del TEPJF declaró a Claudia Sheinbaum Pardo como primera Presidenta Electa de los Estados Unidos Mexicanos, quien desempeñará el encargo en el período del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030.
De la misma forma, ordenó que se le expida la constancia de mayoría y validez que la acredite como Presidenta Electa en la sesión solemne que para tal efecto se convoque.
