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Jaime GUERRERO
Por negarse a devolver cobros ilegales en operativos viales, el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Distrito del Poder Judicial de la Federación inició un proceso de inejecución de sentencia que podría dar paso a la destitución del presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, Christian Baruch Castellanos Rodríguez, y del tesorero de la misma población, Cristino Sánchez Rojas.
Ambas autoridades han sido señalados por el Gobernador, Salomón Jara Cruz, de formar parte de una red de extorsionadores por medio de policías municipales junto con otras 5 corporaciones más de la zona metropolitana de Oaxaca por medio de operativos de alcoholímetros.
Con documentos en manos de las resoluciones jurisdiccionales, Ángel Reynaldo Cruz Reyes, victima del abuso y extorsión junto con 7 personas más entre ellas, 3 adolescentes y 1 bebé, denunció que Baruch Castellanos Rodríguez y Sánchez Rojas, se han negado a devolver una multa de 27 mil 500 pesos que le fue cobrada a un ciudadano de manera ilegal a través de la Policía Municipal, con el argumento de haberse estacionado mal en la vía pública.
Cruz Reyes, denunció que en primera instancia, un Juez Federal ordenó la devolución del monto cobrado en 2023 al ser inconstitucional, sin embargo, el edil y el tesorero se negaron a acatar la resolución por tanto se presentó un recurso de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
“Estamos tramitando un incidente de inejecución de sentencia ante el Segundo Tribunal Colegiado y estamos pidiendo la destitución de estos servidores públicos por estos delitos en los que han incurrido”, expuso.
Cruz Reyes, relató que los hechos ocurrieron una madrugada del 2023 cuando a bordo de una camioneta se dirigía a su domicilio en el municipio de San Antonio de la Cal, junto con seis personas más, entre ellas una recién nacida de dos meses y tres adolescentes.
En el trayecto, detuvo la marcha de la unidad en jurisdicción de Santa Cruz Amilpas debido a que la recién nacida presentaba vómitos y diversos malestares.
Luego de detenerse, fueron abordados por elementos de la Policía Vial de Santa Cruz Amilpas quienes con el pretexto que el vehículo se encontraba mal estacionado ordenaron que fuera remolcado al encierro, a pesar de las explicaciones.
Refirió que ese día, en la zona se llevaba a cabo un operativo alcoholímetro.
De acuerdo a Cruz Reyes, la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca mantiene abierta una denuncia penal por el delito de privación ilegal de la libertad, debido a que ñ la Policía Vial de Santa Cruz Amilpas remolcó el vehículo con las siete personas adentro.
Durante cuatro horas, desde las dos de la mañana hasta las 6:00 horas, las personas permanecieron incomunicadas en el interior del vehículo y en el interior del encierro.
Cerca de las 6 de la mañana, los dejaron salir del encierro, pero les exigieron 27 mil 500 pesos para recuperar el vehículo.
“Nos privaron de la libertad a menores de edad; entonces, sí es una injusticia y queremos que estas autoridades paguen por los delitos que cometieron”, demandó.
Por lo pronto, solicitó al Fiscal, Bernardo Rodríguez Alamilla que intervenga ya que su abogado, Jaime Alejandro Velázquez Martínez, en los primeros meses de este 2024 turnó todos los documentos con la agente del Ministerio Público, Asunción Jiménez Sánchez, y se le asignó a la agente Estatal de investigaciones, Grecia del Carmen Maldonado Ruiz.
No obstante, es el momento en que no hay ningún avance en la carpeta de investigación.
“El juez de Distrito y el Tribunal Colegiado ya les ordenó que hagan la restitución de ese dinero, pero estos delincuentes están desacantando el mandato judicial. No están obedeciendo las órdenes del juez y por eso se está promoviendo el incidente de inejecución de sentencia para que sean destituidos de su cargo”, criticó la victima de abuso y extorsión.
Ademas del proceso de inejecución de sentencia, pidió que se inicie un juicio político en contra del presidente municipal y el tesorero de Santa Cruz Amilpas.
Cruz Reyes, también pidió al gobernador, Salomón Jara Cruz, que intervenga y que se inicie un juicio político a Baruch Castellanos Rodríguez y Sánchez Rojas.
“No podemos tolerar estos abusos de estas autoridades municipales”, reiteró.
