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Jaime GUERRERO
“Estamos recabando la información necesaria para formar una opinión, en cuanto a la revisión técnica de lo que se hizo y saber qué pasó”, declaró el Consejero Jurídico del Gobierno de Oaxaca, a la salida del Penal de Tanivet de Javier Lazcano Vargas, ex secretario de obras de la pasada administración gubernamental, imputado por presuntos pagos ilegales de más de 51 millones de pesos a la empresa ICA de Carlos Slim por la obra de ampliación de la Avenida Símbolos Patrios.
Reiteró que, existe un par de procesos que han derivado en judicialización de hechos que son imputados a Sinfra durante la gestión de
Lazcano Vargas.
En una de las primeras causas, un juez federal de distrito había considerado que no encontraba algún daño en la obra de Símbolos Patrios, un daño patrimonial y que tenía que acreditarse.
Con Lazcano Vargas en su domicilio en la Ciudad de México desde donde se encuentra en prisión domiciliaria, dijo que en la segunda causa sobre presuntas irregularidades en la construcción del teatro Alvaro Carrillo, esperan ser notificados como Gobierno del Estado de manera formal porque son víctimas indirectas.
Según la explicación de Vásquez Sagrero, cuando se impone la medida cautelar de prisión domiciliaria a Lazcano Vargas, converge con el paro de labores del Poder Judicial de la Federación y hay un juicio de amparo promovido en contra de esa vinculación a proceso, “que en cierta manera no ha quedado firme, en tanto está revisándose por un juez federal y en cuanto levanten el paro, tienen que continuar con los trámites que se hayan hecho ese juicio de amparo”, justificó.
El consejero jurídico, aseguró que en la revisión de medidas cautelares a favor de Lazcano Vargas, el gobierno del Estado no fue parte.
Según Vásquez Sagrero, fue una diligencia que se llevó a cabo entre la Fiscalia Anticorrupción y en Poder Judicial. “Estamos atentos para revisar técnicamente qué hay, qué pasó”, declaró a 72 horas de la salida de Lazcano Vargas.
Concedió que la prisión domiciliaria son medidas que pueden darse dentro de los procesos penales y el Gobierno de Estado está en la posibilidad de revisar (impugnar) alguna medida, porque la ser víctimas indirectas, tienen la legitimación dentro del proceso.
De acuerdo a Vásquez Sagrero, estarán atentos a ser notificados, desde la vinculación al proceso por el poder judicial y de lo que se haya actuado en la causa penal.
“Debemos ser muy puntuales en la respuesta que se le tiene que dar, porque una cuestión de esta lucha frontal contra la corrupción que se está dando”, matizó.
En descargo, recordó que hay otros ex procesados también por los pagos irregulares en la obra de ampliación de símbolos patrios.
Asimismo dijo que “falta el tema de los hechos de Alvaro Carrillo”, las obras de Casa de Alas, el foro de Huatulco, las cuales también están siendo revisados.
“Por eso coincido que, pues los advenedizos no tienen corrupción, también no tienen un manto de impunidad o los advenedizos como tal no pueden tener una protección”, declaró.
Vásquez Sagrero, afirmó que la Secretaría Honestidad, hace una revisión y como Consejeria Jurídica en representación del Estado, actuarán en carácter de víctimas.
