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Citlalli López Velázquez
Al señalar que las instancias estatales les fallaron, familiares de la abogada y defensora de derechos humanos, Sandra Domínguez anunciaron el retiro del plantón ubicado en el Zócalo de Oaxaca para iniciar una serie de acciones a nivel federal e internacional.
Araceli, Khisha y Kenia, madre y hermanas de Sandra, respectivamente denunciaron que lejos de recibir el apoyo del gobierno del estado fueron víctimas de hostigamiento e intimidación durante la protesta realizada a lo largo de 13 días.
Tras realizar una marcha dentro del zócalo, ofrecieron una rueda de prensa en la que indicaron que en los últimos días servidores públicos del gobierno del estado, desde elementos de seguridad pública hasta funcionarios, incurrieron en actos de hostigamiento que consistieron desde dejarlas completamente a obscuras en el plantón, hasta retirar a los integrantes de la comedora comunitaria quienes cocinaban para brindar alimentos a las manifestantes.
Acompañadas por integrantes de Consorcio Oaxaca, así como por integrantes de la organización Sol Rojo, señalaron que a 46 días de la desaparición de Sandra no hay avances concretos ni intenciones de las autoridades por seguir la búsqueda.
En este sentido llamaron a la DDHPO para que finque responsabilidades sobre las instancias que no realizaron su trabajo para ayudar en la localización y pidieron que se investiguen todas las denuncias que Sandra interpuso, sobre todo aquella en las que denunció el chat sexual en donde están involucrados funcionarios de gobierno.
En una carta abierta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como a organismos internacionales la familia de Sandra denunció la indiferencia de las autoridades estatales en la búsqueda.
Denunciaron que en total desde la desaparición de Sandra se han sostenido 32 reuniones infructuosas con la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Además señalaron que los protocolos de búsqueda son deficientes y que, en lugar de priorizar la atención al caso, se les ha ofrecido trato burocrático y deshumanizado.
Durante los 13 días de plantón, la familia y quienes se solidarizaron con su causa enfrentado hostigamientos, acoso y amenazas. Entre los actos denunciados se incluyen: policías tomando fotos y videos de quienes llegaban al campamento; obstaculización de acciones solidarias, incluyendo la retirada de un baño seco donado por colectivas; desconexión de luz eléctrica; e intimidación hacia personas que llevaban alimentos a la familia.
En este sentido la familia de Sandra ha decidido dejar de buscar apoyo en Oaxaca, señalando la falta de escucha y dignidad hacia las víctimas. Ahora, solicitan la intervención de organismos nacionales e internacionales, incluyendo la Oficina de la ONU en México y Ginebra, para que se garantice justicia y se investiguen las denuncias previas realizadas por Sandra antes de su desaparición.
Asimismo, responsabilizan al gobierno estatal de cualquier daño que pueda sufrir la familia o las personas que las han apoyado en esta lucha.
En su mensaje final, la familia destacó que nada las detendrá en su lucha por encontrar a Sandra y que no permitirán que su caso sea uno más en el sistema. “Las mujeres indígenas, Ayuuk, tenemos dignidad, y el nombre de mi hermana no será manchado por un gobierno como este”, señalaron.
