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Jaime GUERRERO
Con el acompañamiento de representantes de la Agencia de la ONU para los Refugiados en México (ACNUR), del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Gobierno de Oaxaca, presentó la iniciativa de Ley para tipificar el desplazamiento forzado, que ha obligado a más de mil 600 personas a abandonar sus hogares debido, principalmente, a conflictos agrarios y políticos.
El gobernador Salomón Jara firmó dicho documento junto con la Coordinadora para la Atención de Derechos Humanos del estado (CADH), Flor Estela Morales, el representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en México (ACNUR), Giovanni Lepri y el representante adjunto del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Jesús Peña.
Para poder elaborar el documento se aplicó la Ley de Consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas; por lo que se llevaron acabo 52 foros en las ocho regiones.
La titular de la CADH, Flor Estela Morales reconoció que no existe actualmente una legislación estatal que primero reconozca este hecho como un delito y segunda que lo castigue y repare el daño causado.
La funcionaria precisó que se han contabilizado 21 casos de desplazamiento forzado; por lo que casi mil 600 personas han tenido que abandonar su hogar, costumbres y tradiciones.
La mayoría de éstos han tenido lugar en regiones como la Mixteca y se han generado principalmente por disputas agrarias y políticas, precisó.
En tanto, el gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que su gobierno trabajará para garantizar los derechos humanos de las y los oaxaqueños al aplaudir esta iniciativa, que fue planteada por su gobierno.
Los representantes de la Agencia de la ONU para los Refugiados en México (ACNUR), Giovanni Lepri y el representante adjunto del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Jesús Peña, confiaron en que las y los diputados voten a favor de esta iniciativa.
Por la tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVI Legislatura, Benjamín Viveros Montalvo, recibió la iniciativa de ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en el estado suscrita por Jara Cruz.
El proyecto fue entregado por la coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Flor Estela Morales, quien resaltó que uno de los puntos claves es que el desplazamiento arbitrario, así como el impedimento para que personas y familias desplazadas puedan retornar se tipifica como un delito penal.
Destacó que durante el proceso de integración se contó con el acompañamiento de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, y de Derechos Humanos (ONUDH), así como de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), también de las instituciones estatales como la Secretaría de Gobierno (Sego); la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA); y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Al respecto, el representante del ACNUR en México, Giovanni Lepri, resaltó que esta ley es el fruto de la construcción colectiva “hay pocas leyes que han sido construidas mediante la consulta informada, resultado de un proceso participativo y respetuoso con las comunidades beneficiarias”.
Dijo que el desplazamiento forzado no es un tema de caridad, sino de derechos humanos, y por ello, reconoció la importancia de legislar desde el Congreso de Oaxaca para proteger a las personas desplazadas con iniciativas que promuevan la restitución de derechos y las soluciones pacíficas.
El representante adjunto en México, de la ONU DH, Jesús Peña Palacios, alentó a las y los diputados a que haya un Parlamento abierto e inclusivo, que permita conocer a fondo la iniciativa, la cual responde a los tres objetivos fundamentales en atención a la problemática: la prevención y la protección; la atención y asistencia; y soluciones duraderas.
Viveros Montalvo, sostuvo que la violencia, la discriminación y la intolerancia son algunos de los motivos que han derivado en que la niñez, adolescencia, mujeres, hombres y personas adultas pierdan sus hogares.
Por ello hizo hincapié en que tienen en sus manos la gran oportunidad para mejorar la calidad de vida, reparar integralmente y proteger los derechos de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños que han enfrentado esta situación.
