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En un momento crítico para la vida democrática del país, resulta urgente defender la división de poderes como pilar del orden constitucional y garantía de justicia para todos.
Hay asuntos que en los hechos resultan profundamente alarmantes, como el anuncio realizado por autoridades locales sobre la participación de los llamados “servidores de la nación” en la promoción del voto ciudadano para la elección de jueces, magistrados y ministros.
Esta situación es inaceptable porque la participación ciudadana en este proceso de elección le correspondería exclusivamente al INE como lo hace ya en los medios de comunicación y además porque dichos servidores públicos, pagados con recursos del erario son claramente afines a morena, por lo que en realidad van promover el voto descaradamente a favor de los candidatos que a morena le interesa instalar en el poder judicial, para romper la división de poderes y someter a éste poder a sólo los dictados y autoritarismos del gobierno morenista.
El proceso electoral judicial, ya de por sí cuestionable por sus múltiples inconsistencias técnicas y constitucionales, se presenta bajo la engañosa premisa de “acercar la justicia al pueblo”, cuando en realidad somete al poder judicial a una dinámica política que compromete gravemente su independencia. Este mecanismo no garantiza la selección de los juristas más capacitados, sino que favorece a quienes demuestren mayor ignominia y sumisión ante los intereses del gobierno.
Por ello, desde el Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, y la Delegación del CEN del PRI señalamos que esta mal llamada reforma judicial representa un ataque frontal a la división de poderes, pilar fundamental de cualquier democracia. El uso de recursos públicos y servidores del Estado para influir en la conformación del poder judicial constituye una descarada intromisión que debe ser rechazada enérgicamente, pues no busca fortalecer nuestras instituciones sino subordinarlas a intereses políticos particulares.
