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Citlalli López Velázquez
Con motivo del ejercicio de revocación de mandato, que se realizará el próximo fin de semana y que marca la primera vez que la ciudadanía participa en este mecanismo democrático, autoridades aplicarán la Ley Seca, una medida que, de acuerdo con el sector comercial, tendrá un impacto significativo en la economía de pequeños negocios.
Iván García Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Oaxaca, advirtió que la restricción en la venta de bebidas alcohólicas puede representar una afectación de entre 25 y 40 por ciento del ingreso mensual para los establecimientos afiliados, principalmente tiendas de abarrotes, misceláneas y pequeños comercios.
“Es un impacto fuerte, porque al final no solo se detiene la venta de un producto, sino que se complica la continuidad de las operaciones normales de los negocios”, señaló.
García Hernández consideró que la Ley Seca es una medida que debería revisarse, ya que, a su juicio, ha perdido su razón de ser. Afirmó que existen establecimientos que no acatan la regulación y que, además, el consumo de bebidas alcohólicas durante procesos electorales no ha demostrado ser un factor que altere el orden público.
“Yo, de manera personal, no le veo el caso de que siga existiendo. No hay antecedentes de que por consumir bebidas alcohólicas se haya alterado un proceso electoral. Considero que hoy somos una sociedad más responsable”, expresó.
El presidente de la Canacope también destacó que la restricción no impide el consumo, ya que muchas personas se abastecen con anticipación o recurren a otras vías, como la compra en lugares con sobreprecio o mediante plataformas digitales de reparto, lo que deja en desventaja a los comercios formales que sí respetan la norma.
“Al final, no se deja de consumir, solo se cambia la forma de hacerlo, y eso afecta directamente a los pequeños negocios”, puntualizó.
Ante este panorama, reiteró el llamado a las autoridades para analizar la vigencia y efectividad de la Ley Seca, especialmente en ejercicios ciudadanos como la revocación de mandato, donde —dijo— el impacto económico es claro, pero el beneficio social no lo es tanto.