#RedacciónOaxaca
#Oaxaca
#JaimeGUERRERO
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que 24 personas —13 mujeres y 11 hombres— quedaron bajo proceso penal por los delitos de secuestro y violencia política por razón de género, luego de que un grupo de pobladores raptara este martes a Italivy Sarahí Juárez Ramírez, presidenta municipal de San Agustín Amatengo, directamente en las instalaciones del Poder Legislativo del estado.
Los sucesos ocurrieron cuando alrededor de 80 personas provenientes del municipio acudieron al Congreso del Estado para presionar a los diputados a aprobar la revocación de mandato de la edil.
En la votación se frustró la destitución de la presidenta municipal, debido a que el dictamen que presentó la comisión de Gobernación sólo obtuvo ocho votos a favor y 21 votos en contra, no lográndose la mayoría, calificada requerida con las dos terceras partes del pleno del congreso.
Al advertir su presencia en el interior del recinto, el grupo cerró los accesos, la persiguió entre los asientos del pleno, la sacó entre empujones y jalones y finalmente la subió a la fuerza a una camioneta habilitada como ambulancia, con la intención de trasladarla a la comunidad para que, según declararon los propios inconformes, “diera la cara” a los habitantes.
El detonante inmediato fue el rechazo legislativo a la propuesta de revocación de mandato, resultado que encendió a los manifestantes presentes en el recinto.
Ante la privación ilegal de la libertad de la funcionaria, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca desplegó un operativo de emergencia encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la participación de la Policía Vial y la Policía Estatal.
Las autoridades lograron ubicar y dar alcance al vehículo en el que trasladaban a la presidenta municipal en la localidad de San Raymundo Jalpan, donde fue rescatada.
En una acción paralela se concretó la detención de las 24 personas, entre ellas el conductor de la unidad.
Los imputados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, en coordinación con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Será el Ministerio Público quien defina la situación jurídica definitiva de cada uno en el marco del sistema penal acusatorio.
La FGEO precisó que las investigaciones se llevan a cabo de forma integral y multidisciplinaria con equipos especializados, con el propósito de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, sin permitir la impunidad.
El conflicto en San Agustín Amatengo no surgió de improviso. Habitantes del municipio llevan más de seis meses denunciando presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de Juárez Ramírez.
Las acusaciones incluyen un presunto desvío de recursos superior a los 7 millones de pesos, falta de pago a trabajadores y regidores del ayuntamiento, obras públicas inconclusas y fallas persistentes en el abasto de agua potable y el suministro de energía eléctrica.
Los inconformes también señalan que la edil lleva casi un año sin presentarse físicamente en la comunidad. Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno del Estado recordó que las diferencias políticas o administrativas deben resolverse por las vías institucionales, privilegiando el diálogo y el marco legal vigente.
