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El magistrado Juan Díaz Carranza lanzó este jueves un mensaje directo al Ejecutivo y al Legislativo estatal durante la apertura del Foro “Avances y coyunturas: ¿Estamos listos para su implementación?”: la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNCPF) en Oaxaca no puede lograrse sin recursos, infraestructura tecnológica y voluntad política —y el plazo, a doce meses de la entrada en vigor forzosa, se agota.
El funcionario judicial pronunció el mensaje ante gobernador Salomón Jara Cruz, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika Rodríguez Rodríguez, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eva Diego Cruz, y el comandante de la Octava Región Militar, general Ernesto José Zapata Pérez, entre otras autoridades.
Díaz Carranza identificó tres obstáculos centrales que enfrenta la Comisión de implementación del CNCPF.
El primero: aunque hay avances en capacitación, los rubros de infraestructura, conectividad y sistema computacional acusan rezagos que “no favorecen” el panorama.
El segundo: la reforma constitucional y el consecuente proceso de elección judicial desviaron la atención de lo sustantivo y generaron una interrogante sin respuesta clara: a quién capacitar cuando la estabilidad laboral de los juzgadores no está garantizada y existe la posibilidad de que el relevo traiga operadores sin experiencia.
El tercero: la falta de presupuesto, agravada por la estrechez del tiempo disponible.
“Estamos a escasos doce meses de su forzosa aplicación y los recursos son la piedra angular de la exitosa implementación”, advirtió el magistrado.
Precisó que la Comisión fue reconfigurada hace tres meses y desde entonces trabaja con el objetivo de que Oaxaca esté en condiciones de operar el código en 2027.
