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Jaime GUERRERO
El aumento del precio del servicio del transporte público urbano concesionado, fue pactado desde el 2017 por la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra). Sin embargo, se ha aplazado por la coyuntura del proceso electoral y las posiciones encontradas al interior del Gobierno del Estado, para no ganarse adeptos negativos.
Hoy, el servicio de transporte público enfrenta riesgo de “paro por insolvencia”, porque costos de operatividad e insumos han rebasado los ingresos, aseguró la presidenta de la Sociedad Cooperativa Choferes del Sur Alejandra Gómez Candiani.
De acuerdo con un estudio realizado por los transportistas y entregado a la Sevitra, para tener liquidez, el costo del pasaje debería de establecerse en 13 pesos.
Por lo pronto, la propuesta planteada en la mesa al también concesionario del servicio de transporte urbano y encargado de la Sevitra, Alejandro Villanueva López, es de 10 pesos.
La contra propuesta del también socio de Sertexa, es de 50 centavos.
En medio de la polémica por el alza al precio del servicio de transporte urbano concesionado, Gómez Candiani, confirmó que lo único certero es que se autorizará el aza pero aún no se establece de cuánto y cuándo será.
La próxima reunión entre los concesionarios y la Sevitra, en la que ha mediado la Secretaría General, ante la falta de oficio de Villanueva Lopez, está programada para éste martes.
“Esperamos que en ésta se definan montos y fechas (…) Si no hay una respuesta que permita solucionar el problema que tenemos de retraso en nuestros proveedores, tendríamos que tomar otras acciones”, declaró.
Entre esas determinaciones, será un paro parcial al servicio, tomando en cuenta los riesgos que ello implica al ser concesionarios de un servicio del Estado.
Y es que la empresaria advirtió que no aceptarán el alza de 50 centavos propuestos por la Sevitra. “Es ahí en donde estamos atorados, 50 centavos no nos solucionan el problema. Para salir bien la tarifa debería quedar en 10 pesos, aunque estamos dispuestos a negociar”, concedió.
Gómez Candiani indicó que presentó un estudio de tarifa “elaborado con un método brasileño” en el que arroja que el costo debería de ser 13 pesos.
El estudio toma en cuenta el costo de los insumos como el combustible, llantas, refacciones, muelles y aceites, además considera el número de pasajeros, rutas recorridas, kilometrajes y modelos de vehículos. “Nosotros estamos basados en algo real y es algo que se aplica en muchos países y empresas de transporte”, declaró.
Indicó que, si bien como concesionarios tienen que realizar mejoras en las unidades y el servicio se que se presta, también requieren que el gobierno del estado cumpla con su responsabilidad de garantizar seguridad para que las unidades no sean vandalizadas por agrupaciones sociales y sindicales durante sus movilizaciones.
“Ese es un punto planteado. La ciudadanía merece unidades en óptimas condiciones, lamentablemente cuando las unidades son secuestradas les rompen vidrios, parabrisas, les descomponen lo que encuentran, les roban la cuenta a los choferes, en algunos casos los golpean. Por parte de la autoridad no hay la respuesta que quisiéramos”, indicó.
Bajo esa perspectiva, aseguró que “va a llegar un momento en que no vamos a poder seguir operando. Ya no es por capricho, será por haber quedado rebasado por los gastos”.
