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Jaime GUERRERO

Este martes, culminó el segundo periodo ordinario de sesiones del ejercicio legal del segundo y último año de funciones de la LXIII Legislatura, y el Juicio Político contra el ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, se quedó en la congeladora de la Comisión Instructora que preside la profesora y diputada de Morena, María de Jesús Melgar Vázquez.

Diputados del PRD, PAN, PRI y Morena, confesaron que la diputada, no los ha podido reunir para presentar el dictamen y difícilmente irán a una sesión extraordinaria para determinar la sanción al ex gobernador, por las presuntas posiciones políticas de la diputada de Morena.
El juicio político contra el ex gobernador de Oaxaca, que llegó bajo las siglas del PRD, PAN, MC, PT y con el apoyo de muchos de los hoy dirigentes, diputados y alcaldes de Morena, inició el pasado 3 de mayo de 2017, tras de la demanda interpuesta por el ex colaborador de Cue Monteagudo, el hoy diputado federal del PT, Benjamín Robles Montoya.

Robles Montoya, acusa a su ex amigo, de un presunto desvío de más de 30 mil millones de pesos, destinados a obras de infraestructura, salud y compra de medicamentos.

Así dos meses de que finalice el último ejercicio legal de la actúa legislatura, el proceso de juicio político contra Cué Monteagudo concluyó su fase probatoria, previo a la elaboración del dictamen con el cual el pleno del Congreso determinará si es culpable o no del desvío de más de 30 mil millones de pesos.

La presidenta de la Comisión Instructora, María de Jesús Melgar Vásquez, evitó dar detalles a este reportero, que en más de tres ocasiones solicitó información sobre el proceso contra el ex mandatario.

“Deme la oportunidad de platicarlo con mis compañeros diputados de la Comisión Instructora, porque luego hay reclamos”, justificaba, una y otra vez la legisladora del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

No obstante, el pasado 21 de agosto declaró a un medio de comunicación que se concluyó el proceso de pruebas luego de que la defensa del ex mandatario aportó la documentación y el Órgano Superior de la Fiscalización del Estado (OSFE) entregó los dictámenes de las auditorías a la Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016.

Melgar Vázquez, encargada de elaborar el dictamen para que éste fuera sometido al Pleno de la LXIII Legislatura, para determinar si Cue Monteagudo es culpable o no, reiteró que la sanción a Cué Monteagudo, solo sería la inhabilitación, de uno a tres años, para ejercer cualquier cargo público. “Depende de lo que se acuerde, de cuáles son las irregularidades, puede ser un año, puede ser dos, tres, creo que nada más es hasta tres años, ni siquiera es mucho”, propaló la diputada.

Según los dichos de Melgar Vázquez, el retraso en el procedimiento contra Cué Monteagudo, es de los diputados del PRI, a quienes acusó de no participar.

“El único que no ha intervenido en este asunto ha sido el PRI, que no han firmado los documentos, el PAN ha firmado, el PT ya, el PRD y nosotros como Morena, falta el PRI, en este proceso el PRI no participó”, acusó.

La Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de las Nieves García Fernández, aclaró que el juicio político es para sancionar administrativamente, el fuero es para que procedan por la vía penal contra funcionarios.

“El caso de Gabino Cué, ésta en manos de la Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado, en donde el procedimiento continúa su curso para determinar su grado de responsabilidad y con ello su inhabilitación y probable consignación a la Fiscalía General del Estado”, explicó.

Sostuvo que el procedimiento de juicio político al ex gobernador, seguirá su curso hasta sus últimas consecuencias. El proceso fenece el próximo mes de diciembre.

Cabe recordar que en febrero de 2017, el senador de la República, Benjamín Robles Montoya, presentó la solicitud de juicio político contra su ex patrón y amigo, al tiempo que sostuvo que se mantienen abiertos los expedientes en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el ex gobernador Cué Monteagudo y ex colaboradores por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita.

Fundamentó como prueba para emprender acciones legales contra su ex amigo y colaborador, las observaciones del 2011 al 2015 que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un monto de más de 10 mil millones de pesos que no fueron comprobados ni justificados.

También se refirió al endeudamiento de más de 14 mil millones de pesos y a ello le sumó los 2 mil 500 millones de pesos que le adeudan a empresarios; el déficit del sector educativo por más de 6 millones; el de salud, de más de 9 mil millones, es decir, recalcó, un monto total de más de 30 mil millones de pesos.

Insistió en que hay pruebas de la corrupción de Gabino Cué, Germán Tenorio, Alberto Vargas Varela, Netzahualcóyotl Salvatierra, Jorge Castillo, por eso deben responder, y todo aquel que robó al pueblo oaxaqueño.

Por lo pronto, tres ex colaboradores de Gabino Cué se encuentran procesados –los ex secretarios de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, el ex secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas y el ex secretario de Vialidad y Transporte, Carlos Alberto Moreno Alcántara-, mientras que el ex secretario de Finanzas Gerardo Cajiga Estrada.
La Comisión Permanente Instructora está integrada por la diputada María de Jesús Melgar Vásquez (Morena), María Mercedes Rojas Saldaña (PRI) y Tomas Basaldú (PRD), así como por los diputados, Juan Mendoza Reyes (PAN) y Juan Bautista Olivera (PT).