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Jaime GUERRERO
El fenómeno de la corrupción es multifactorial, y entre otros elementos, existe porque hay “captura” de puestos, se asignan conforme al sistema de botín, es decir, los funcionarios públicos no acceden a los puestos por las calificaciones profesionales que tengan, si no por lealtades partidistas, ideológicas, familiares o personales, señaló el investigador del Centro Investigación Docencia Económica (CIDE), Jaime Hernández Colorado.
El especialista y académico, participó en el Foro Regional de Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción, tutelado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Conacyt, y el IAIP.
De cómo avanzar en el combate a la corrupción, cuando las definiciones de los Comités Ciudadanos, integrantes de los órganos de transparencia y contralorías, pasan por los partidos y amistades, concedió que varias de las definiciones de los Comités Ciudadanos, han estado viciadas, opacas, poco transparentes.
No obstante, aclaró que los comités no tienen la atribución de hacer investigaciones, ni meter gente a la cárcel, solo están para ser un vehículo de la participación ciudadana y de la vinculación entre los ciudadanos y las instituciones integrantes de los comités coordinadores, quienes si tiene las facultades de sancionar.
Hernández Colorado, evitó polemizar que en el caso de Oaxaca, los entes de transparencia y controlaría, son productos de negociaciones políticas.
A juicio de Hernández Colorado, se deben de fortalecer el esquema de sanciones, porque es una de las debilidades más importantes hasta el momento, no obstante, no se debe cargar el éxito de la erradicación en ese esquema.
Por otro lado, apuntó, se tienen que atender las causas de las corrupción, porque ésta existe cuando hay captura de puestos, se asignan conforme al sistema de botín, es decir, los funcionarios públicos no acceden a los puestos por las calificaciones profesionales que tengan, si no por lealtades partidistas e ideológicas y familiares o personales.
Reiteró que existe la corrupción porque el dinero se gasta de la manera discrecional que deciden los funcionarios públicos, sin cualidades profesionales.
Lo mismo, existe captura de las decisiones públicas, es decir los funcionarios públicos toman las decisiones que quieren, de acuerdo a criterios que no son técnicos ni profesionales, sino políticos.
Todos esos elementos se conjugan para dar paso a la privatización de lo público, matizó.
Y es que dijo que la corrupción no es nada más lo que dicen la ley, respecto a ese fenómeno, debido a que los actos deshonestos, son todos aquellos -aun cuando no estén sancionados- que logran que se privatice el espacio público.
Destacó que la privatización del espacio público afecta a todos, porque ni los puestos son de los funcionarios, ni los presupuestos son dinero de su propiedad.
En contra parte, desestimó que las contralorías y los órganos de transparencia hayan fallado en su papel, debido a que hay una concepción equivocada del control interno en el país. “No se ha entendido que el Control Interno, sirve para identificar áreas de riesgo en las administraciones y levantar bandera amarilla e identificar espacios donde pueden suceder malas prácticas administrativas o hechos deshonestos”, atajó.
En ese sentido, destacó que no todas las malas prácticas administrativas son hechos de corrupción, “pero si todos los hechos de corrupción son malas prácticas administrativas”.
Para Hernández Colorado, construir una política de rendición de cuentas y combate a la corrupción, el primero de los pasos es que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia.
En la ruta de perfeccionar las leyes de combate la corrupción, pidió no cargar el éxito de la erradicación de ese fenómeno en las sanciones. Aun cuando admitió que el sistema de sanciones está fallando, se tiene que mejorar las administraciones públicas, fortalecer las entidades de control interno, de auditoria, fortalecer las sanciones administrativas, porque en algunas ocasiones, los problemas no son relacionados con delitos, sino con malas prácticas administrativas que se puede solucionar de forma más sencilla.
A su juicio, no es necesario modificar la legislación, es utilizar la que se tiene para fortalecer las capacidades de la administración pública, por otro lado, alumbrar los espacios donde se presenten los actos de corrupción.
Los gobiernos municipales, estatales y federal, son actores del fenómeno de la corrupción.
El fenómeno de la corrupción es multifactorial, por tanto, la respuesta debe ser en la misma sintonía, y con garantías de sanciones a los sujetos obligados, para crear un contexto menos propicio para la corrupción, asentó.