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Jaime GUERRERO
En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2019, el Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, propuso a la LXIV Legislatura, autorizar un presupuesto de 915 millones 270 mil 852.60 pesos, en los que incluye 704 millones 157 mil 111.72 pesos para el Consejo de la Judicatura, cuya figura fue desaparecida por la LXIII Legislatura.
No obstante, en el transitorio quinto del Presupuesto de Egresos, Murat Hinojosa, justificó que “en todas las disposiciones legales o administrativas derivados de la publicación del presente Decreto en que se haga referencia al “Consejo de la Judicatura” se entenderán referidas al “Poder Judicial” en tanto se emita la resolución definitiva al proceso en que se encuentra”.
Por lo pronto, propuso aprobar al Tribunal Superior de Justicia 211 millones 113 mil 740.88 pesos para el próximo año. Para el 2018, al Consejo de la Judicatura, le autorizaron 660 millones 58 mil 906 pesos.
Actualmente la desaparición del Consejo de la Judicatura, atraviesa por una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El pasado 20 de agosto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora negó la suspensión definitiva a los magistrados que pugnan por la permanencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, y dejó firme la reforma a la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dio paso a la desaparición de ese órgano y se creará la Junta de Administración.
Al resolver el incidente de suspensión, derivado de la Controversia Constitucional 132/2018, promovida por el Poder Judicial de Oaxaca, el ex Procurador General de la República, determinó que sin prejuzgar el fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia “que en su oportunidad se dicte: procede negar la suspensión solicitada”.
El ministro Medina Mora tomó esa determinación porque el decreto 1539, impugnado por las y los magistrados Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar, Camerino Patricio Dolores Sierra, Rene Hernández Reyes, Narciso Abel Alvarado Vásquez, Tito Ramírez González, Sania Luz Ireta Jiménez, José Luis Reyes Hernández, José Luis Ríos Cruz, Leandra Jaquelina Ortega Ramírez, Rogelio Gabriel Morales Cervantes y Alfredo Lagunas Rivera, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 1 de agosto.
“Entre otras cosas, despareció formalmente el Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca y se creó la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial”, resolvió el Magistrado de la SCJN.
“En ese sentido, lo solicitado por el “Poder Actor” (los magistrados inconformes), resulta jurídicamente inadmisible, pues, por un lado, la desaparición del referido consejo, constituye un acto consumado para efectos de la suspensión, respecto de la cual no puede otorgarse la medida cautelar”, completó el magistrados Medina Mora.
Argumenta su determinación en la tesis “2a. LXVII/2000, de rubro: Controversias Constitucionales. No procede el Otorgamiento de la Suspensión en Contra de Actos Consumados”.
Y refiere que los integrantes del Consejo de la Judicatura, no pueden continuar en su cargo, pues, aun cuando el decreto controvertido puede seguir surtiendo efectos, el órgano al que pertenecían ha dejado de existir.
Por otra parte, agrega, no se puede impedir la creación de la Junta de Administración, porque ante la desaparición del Consejo de la Judicatura, no se puede afectar una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
Y es que el juez del Juzgado Décimoprimero de Distrito, José Luis Evaristo Villegas, había concedido la suspensión definitiva de los efectos de la reforma aprobada por la LXIII Legislatura y había dejado firme el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y a sus integrantes.
El pasado 31 de julio, la LXIII legislatura, aprobó desaparecer el Consejo de la Judicatura, sin embargo, 12 magistrados interpusieron el amparo 753/2018, para contrarrestar esa medida legislativa.
Magistrados encabezados por Lagunas Rivera, argumentaron la falta del debido proceso deliberativo de naturaleza democrática que dieron a la iniciativa de reforma que desaparece el Consejo y en consecuencia, sin respetar la previa designación efectuada de sus miembros y la violación de terminar anticipadamente la temporalidad de la designación de consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
En la demanda de amparo solicitaron que no se les revoque el mandato, que permanezca el Consejo de la Judicatura y que no entre en funciones la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Lo anterior, tras un amparo interpuesto por un grupo de magistrados encabezados por el presidente con licencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.
No obstante, el Ministro de la SCJN, Medina Mora, resolvió en contrasentido del Juez Federal, radicado en Oaxaca.