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Jaime GUERRERO
El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Revolucionario Institucional (PRI) en los municipios oaxaqueños de Santiago Tamazola y Ahuehuetitlán; así como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Juan Colorado, incurrieron en violencia política de género al simular el cumplimiento de la paridad de género en el proceso electoral 2018.
De acuerdo con el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, tanto las renuncias de Anayeli Angélica Huerta Atristaín presidenta municipal de Tamazola, así como la de Fidelia Bernarda Cuenca Fermín, en Ahuehuetitlán, son claros ejemplos de simulación ejecutados ante los vacíos legales de la Ley Orgánica Municipal y falta de compromiso institucional de los partidos políticos con el principio constitucional de la paridad de género.
En el municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, la Presidenta electa Marta Regules Mendoza renunció al cargo ante el pueblo, por presuntas amenazas por de su partido Morena.
Y es que el pasado primero de enero los habitantes del municipio estaban reunidos para presenciar la toma de protesta de Regules Mendoza como presidenta municipal y Leocadio González Calleja, Delfina Regules Hernández, así como Lorenzo Julián Mendoza y de Cecilia Gómez Mendoza como regidores, sin embargo como no se presentaba fueron a buscarla a su casa, y al llegar anunció que renunciaba por amenazas que había recibido.
Los pobladores, decidieron tomarle protesta a Leocadio González Calleja, así como de Guillermo Gutiérrez quien fue candidato del PRI, además de Eustacio García Hernández, quien también buscó la presidencia municipal por el Partido Nueva Alianza.
Horas más tarde, Regules Mendoza, dio marcha atrás en su decisión, sin embargo ya había un acta redactada en donde ya tenían autoridades municipales.
El ahora Síndico Municipal Guillermo Regules Gutiérrez, pidió que se respete la decisión de los habitantes y se queden los tres integrantes del cabildo que se nombraron en la asamblea.
Agregó que entregarán oficios ante las instancias correspondientes como son la Secretaria General de Gobierno, así como el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se respete la decisión del pueblo.
Además de las renuncias, en el caso de San Juan Colorado, el PRD registró formalmente a una mujer, Tania Remedios Arias, mientras toda la campaña fue encabezada por su esposo, Eliezer Alberto García Lorenzo, quien estaba registrado en el segundo lugar de la planilla ganadora y, fue él quien recibió el bastón de mando.
De su lado, el Colectivo Por la Ciudadanía de las Mujeres, reprochó que la simulación y violación a los derechos político electorales de las mujeres, parecen ser el común denominador en la histórica etapa de Oaxaca, cuando por primera vez 52 presidentas municipales ocupan ese cargo por mayoría de votos en el Sistema de Partidos Políticos”, indicaron a través de un posicionamiento público.
En este contexto, el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres exhortó a los partidos políticos a dejar de responsabilizar a las mujeres, que aparentemente de forma voluntaria, han renunciado a los cargos para los que fueron electas, y de esta forma deslindarse de posibles actos de presión, que pudieran configurarse como delitos de violencia política por razón de género, a raíz de su cumplimiento simulado de paridad.
“Por la experiencia en otros casos donde el Colectivo ha intervenido y se ha configurado la violencia política de género, cabe la posibilidad de encontrar indicios en donde recientemente se suscitaron las renuncias; por ello este equipo integral de trabajo seguirá atento al desarrollo de las investigaciones y los procesos correspondientes, pues se corre el riesgo de que se presenten más casos, si se envía un mensaje institucional de omisión, inoperancia e impunidad ante dichas conductas”, advirtió.
Agregaron que como Colectivo, “no dejaremos de exigir a todos los partidos políticos, a dejar de lado actos de simulación, sólo para dar cumplimiento administrativo a las reglas que exige el principio constitucional de la paridad, cuando de facto se origina violencia política y se trata de una perpetuación de cacicazgos políticos, en detrimento del desarrollo de la vida política del estado y del país, en una era que no permite más el impedir el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres”.
