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Jaime GUERRERO
La LXIV Legislatura, pidió a los titulares de la Secretaría de Administración, German Espinoza; Finanzas (Sefin), Vicente Mendoza Téllez Girón; Movilidad Semovi), Mariana Nassar Piñeyro; y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Ortega, explicar por qué razón el proyecto “Apoyo a la Movilidad y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca”, el cual formaba parte del proyecto “Sistema Integral de Transporte de Oaxaca (SIT)”, no iniciado, la infraestructura esta abandonada y si por negligencia no se han iniciado las responsabilidad de los funcionarios de la administración de Gabino Cué Monteagudo, implicados.
Por lo pronto, pidieron a Díaz Ortega, dar seguimiento a los expedientes que se hayan formado, derivados de la ejecución del gasto del proyecto en el sexenio de Cué Monteagudo.
En el dictamen de la Comisión de Movilidad de la LXIV Legislatura, aprobado por el pleno, se establece que Alberto Vargas Varela, ex secretario de Administración, debe de responder ante la Justicia y ante los oaxaqueños por erogar millonarias cantidades, violando disposiciones de la ley de adquisiciones.
Ye s que Vargas Varela; Pablo Arturo Negrete Santiago, ex director de Patrimonio en la secretaria de Administración; Jorge Alberto Colín Castellanos, ex jefe de la unidad técnica de obra de la secretaria de administración; Pedro Alejandro Anieva Valencia, ex jefe del departamento; Alberto, Juventino Espinoza García, ex jefe de supervisión de la secretaría de administración, habrían incurrido en un perjuicio al erario por 900 millones de pesos en el proyecto “Apoyo a la Movilidad y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca”, el cual formaba parte del proyecto “Sistema Integral de Transporte de Oaxaca (SIT)”.
Peculado, uso ilícito de atribuciones en Sitibus
De acuerdo a últimos resultados preliminares de las indagatorias de la Secretaría de Administración, Contraloría y Fiscalía Anticorrupción, se estableció que el posible delito en el que incurrieron esos ex funcionarios del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, son uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, coalición de funcionarios y peculado.
El proyecto denominado “Apoyo a la Movilidad y Renovación del Parque Vehicular en Oaxaca”, se estableció en el contrato: COP-SA-DA-LP-009/2014 con la empresa “GAMI, Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V”.
Fue el pasado 15 de noviembre del 2014, cuando el entonces ex subsecretario de Finanzas, Alberto Benítez Tiburcio, emitió el oficio de autorización para la ejecución de ese proyecto por el monto de 450 millones de pesos Vargas Varela.
El ex secretario de administración -según el expediente- el 29 diciembre del 2014, celebró el contrato con la empresa “GAMI, Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V.” por un monto total de 509 millones 181 mil 740 pesos.
Sin embargo, los funcionarios imputados habrían celebrado contratos de obra (para la infraestructura) sin tener la facultad para ello, realizaron pagos de obra sin ejecutar, pagos en exceso, omitieron hacer valida la fianza de cumplimiento, por la falta de planeación se adquirieron 38 camiones Dina que consecuentaron el deterioro y depreciación de las unida, ocasionado en su conjunto un perjuicio al erario público por más de 900 millones de pesos.
Las unidades de transporte que Vargas Varela, adquirió para integrarlas al proyecto del Sitibús tuvieron un costo de 4 millones 651 mil 162 pesos con 79 centavos.
Las unidades, tipo Dina Linner Padrón 12 modelo 2016, fueron fabricadas por la empresa mexicana Camiones Dina, SA de CV (Diesel Nacional) con sede en Ciudad Sahagún, Hidalgo.
La administración de Cué Monteagudo, adquirió las unidades en 2016, sin licitar, a 4.6 millones de pesos cada camión. En contra parte, el ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, compró para su proyecto de movilidad urbana el mismo modelo, pero pagó por cada unidad 2.9 millones de pesos, es decir, 1.7 millones de pesos menos que Oaxaca.
Vargas Varela, pagó un sobre costo de 1.7 millones de pesos por camión.
Así mismo, se descubrió el pago de 13 millones de pesos a una empresa “fantasma” quien presuntamente se encargó de supervisar que las obras se llevarán a cabo y fueran concluidas.
Los planos presentados la Secretaría de Administración, fueron elaborados sin apegarse a determinadas condiciones y características y no se presentaron documentos que acreditaran permisos y licencias para ejecutar las obras.
Pese a ello, la empresa cobró 13 millones de pesos en dos exhibiciones: la primera fue por 5 millones de pesos en el año 2014 cuando las obras aún no iniciaban y un segundo pago por 8 millones de pesos corresponde al año 2016, período en el que deberían estar concluidos los trabajos, lo cual no ocurrió.
Adjudicación irregular de contratos
Además Vargas Varela, adjudica la obra a la empresa GAMI, Ingeniería e Instalaciones S.A de C.V. sin que esta cumpliera con toda la documentación solicitada en la convocatoria, bases de licitación y términos de referencia, siendo causal de descalificación (copia de la cédula certificada del superintendente; listado de bancos de materiales con sus cantidades de extracción, ubicación, capa a utilizarse; y carta compromiso original de la planta concretera).
Otra anomalía es que “La Secretaría de Administración a través de sus servidores públicos celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. COPOI-SA-DA-AD-01/2016, sin contar con facultades para contratar y ejecutar obra”.
Además se celebró un convenio de ampliación por monto por un importe de 42 millones 282 mil 207 pesos sin incluir el IVA, con motivo de las obras inducidas.
Lo mismo, se realizaron modificaciones al proyecto originalmente contratado sin realizar y formalizar los estudios y documentos donde se determine la factibilidad técnica, económica, ecológica y social, que garantice que las modificaciones realizadas no afecten el objeto del proyecto.
El proceso de contratación tampoco habría cumplido con la normatividad aplicable, al no tener una evaluación y fallo objetiva, además la entrega de los vehículos no se realizó conforme a lo establecido en las condiciones pactadas en el contrato.
La pasada administración prometió que en 2017 el SIT entraría en total operación, tal y como lo establecía su expediente técnico. El proyecto no solo no ha entrado en operación, sino que los 12.2 kilómetros que comprendían la infraestructura del proyecto de apoyo a la movilidad urbana y renovación del parque vehicular en Oaxaca, en los cuales incluye los 8.5 km de carriles preferenciales desde Santa Rosa hasta Santa Cruz Xoxocotlán, los 3.7 km de tramo complementario de Viguera a Santa Rosa y las 27 paradas, se encuentran totalmente abandonadas, destruidas y son objeto de actos vandálicos.
