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Jaime GUERRERO
Con 274 votos a favor de Morena y PES, cero abstenciones y 207 en contra de PAN, PRI, PRD, MC, PVEM y PT, la Cámara de Diputados rechazó el dictamen que proponía reducir en 50 por ciento el financiamiento público a partidos políticos.
Previó a la votación, la dupla de diputados federales oaxaqueños del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya y su esposa, Maribel Martínez, abandonaron el salón de sesiones, en una clara simulación de su posición política a favor de la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos.
Pese al férreo posicionamiento del diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, y diversos legisladores de esa bancada en la que se pudo observar a la esposa Maribel Martínez, portando pancartas en la demandaban la reducción de hasta el 60 por ciento, los petistas fueron en contra. Lo mismo, Fernández Noroña.
Robles Montoya y su esposa, de la misma forma, simularon.
Lo mismo, votaron en contra las panistas oaxaqueñas, Natividad Díaz y Alejandra García Morlan. En contra parte los diputados federales oaxaqueños de Morena, entre ellos, Azael Santiago Chepi, Carol Antonio Altamirano, Armando Contreras Castillo, Irineo Molina Espinoza, votaron a favor.
El dictamen requería de las dos terceras partes, 320 votos a favor, para alcanzar la mayoría calificada, por lo que fue desechado por los legisladores presentes en el pleno.
Antes, al concluir la discusión del dictamen que propone reducir las prerrogativas a partidos políticos a 50 por ciento, por acuerdo de los grupos parlamentarios se otorgó el tiempo máximo de 10 minutos para someterlo a votación del pleno.
Así, la Cámara de Diputados desechó el dictamen que reformaría el artículo 41 de la Constitución Política, la cual pretendía la reducción del financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos, luego de que no alcanzó la mayoría calificada, al recibir 274 votos a favor, cero abstenciones y 207 en contra.
El documento planteaba que el financiamiento público para los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El 30 por ciento de la cantidad que resulte, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
En 1993 se incluyeron disposiciones normativas referentes al financiamiento privado, y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas, y entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en el financiamiento, del 25 por ciento en términos reales para actividades ordinarias y específicas.
Posteriormente, en 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias.
En la última reforma, de 2014, no se alteró la fórmula de recursos a partidos en el ámbito federal, mismo que provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías: la federal y la local.
De este modo, hoy se tiene un sistema de financiamiento mixto; es decir, los partidos pueden recibir prerrogativas del Instituto Nacional Electoral como financiamiento público, y privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
En lo que respecta al financiamiento público directo, existen tres vías para otorgarlo: por actividades ordinarias, por gastos de campaña en año de elecciones y por actividades específicas.
El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30 por ciento se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior.
En el ámbito mundial el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos.
Posicionamientos
La diputada de Morena, Tatiana Clouthier Carrillo, consideró necesario hacer del gasto público una herramienta de transformación social y que los recursos recaudados se dirijan al pueblo y a la atención de sus necesidades.
Por el PAN, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera señaló que su bancada reconoce la necesidad de reducir el costo de los partidos políticos y del sistema electoral, pero lo que se debe de analizar a fondo es cómo se lleva a cabo dicho reajuste. Planteó que la disminución sea considerando un uso racional de los recursos. “Si se reduce el financiamiento público habría que explorar el aumento del privado y ahí se entraría en un terreno riesgoso”.
Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, refirió que de ser aprobada la reforma, afectaría al sistema político electoral en su conjunto, porque el financiamiento es un componente fundamental. El riesgo más grande que se enfrentaría, dijo, es la destrucción de la democracia. “Aprobar el dictamen de manera precipitada es de enorme riesgo a la democracia del país”, sostuvo.
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) afirmó que su fracción parlamentaria no duda en apoyar las políticas de austeridad y que éstas deben llegar a los partidos políticos; sin embargo, estamos en contra de la demagogia, la retórica y despolitización; es un error plantear la desaparición del financiamiento público. “Nuestro planteamiento es reducirlo al 60 por ciento y al 100 por ciento el privado”. No obstante, votó en contra de la reducción.
Jacobo David Cheja Alfaro, diputado de MC, puntualizó que su fracción ha impulsado la eliminación al cien por ciento del financiamiento, pues esos recursos deben destinarse al gasto social, a proyectos que generen empleos, para así contribuir a sentar las bases de un nuevo proyecto de nación.
De Encuentro Social, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, demandó poner un alto al dispendio, corrupción e irresponsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos. El dictamen, dijo, se queda corto, pues el ideal es, “cero financiamiento a los partidos políticos; que esos 5 mil millones de pesos se destinen a combatir la inseguridad, a promover el turismo, a fortalecer el nuevo sistema universal de salud, a seguir impulsando los empleos y los ingresos que demandan las familias”.
Marco Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, sugirió replantear la fórmula de financiamiento y pasar de la equidad en la repartición de prerrogativas a la competencia en condiciones de igualdad y sin distinción. “No tiene sentido seguir preservando una fórmula que le da todo a un partido cuando gana. Una distribución igualitaria permitirá que los partidos tengan los mismos recursos para armar estructuras internas y promocionar el voto”.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, coordinadora del PRD, consideró indispensable la instalación de una mesa de trabajo que analice una posible reforma electoral de manera integral consensuada.
A favor y en contra
La diputada de MC, Julieta Macías Rábago, externó su voto en contra porque el dictamen es una simulación y no atiende de fondo la discusión sobre los esquemas de financiamiento, ni presenta una solución a largo plazo para reducir el costo de la democracia; afirmó que transitar hacia un modelo transparente, austero y equitativo requiere analizar y revisar el modelo de comunicación electoral y la distribución de recursos.
Del PAN, el diputado Marcos Aguilar Vega señaló que si realmente se quiere una reforma en materia de reducción de financiamiento se debe convocar a un Parlamento Abierto y fortalecer el financiamiento privado y el autofinanciamiento, por lo que pidió no aprobar este dictamen.
La diputada de Encuentro Social, Olga Patricia Sosa Ruiz, aseguró que con la reforma se podría hacer política con las manos y no con el dinero. Dijo que se debe cumplir con la palabra brindada a la sociedad de “cero financiamientos a los partidos políticos” y generar un México limpio y con candidatas y candidatos de a pie.
El diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena) aseveró que la virtud de la reforma es que, si bien se disminuye considerablemente el gasto del Estado en actividades político-electorales, también garantiza una distribución proporcional del dinero público asignado a la vida partidista y a las actividades de obtención del voto.
En contra, el diputado Santiago González Soto, del PT, simuló y justificó que la propuesta es conservadora, por lo que planteó un proyecto para que la reducción baje a dos mil 95 millones de pesos, es decir, 524 millones de pesos menos, además que el 50 por ciento del monto se reparta de forma igualitaria entre los partidos, para que cada uno reciba 150 millones de pesos, lo que daría “piso parejo”.
El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) dijo que tiene que ser una reforma integral y que tome en cuenta lo que está pasando en el INE o el Tribunal Electoral. Asimismo, acortar los tiempos de campaña, que haya más debates, menos spots, pero también que los espacios en la radio y la televisión se puedan dividir para que todos los partidos tengan la misma posibilidad.
