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Jaime GUERRERO
La Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, Irma Juan Carlos, presentó la convocatoria para la celebración de 10 foros y 1 parlamento abierto, para la construcción de la ley de consulta de pueblos indígenas y afromexicano.
La ruta para crear una Ley General de Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes para que estos grupos poblacionales sean informados y consultados sobre proyectos y programas gubernamentales que pudieran afectar sus territorios y comunidades, iniciara el próximo 5 al 28 de marzo.
En conferencia de prensa, informó que integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados, aprobaron el procedimiento para crear dicha legislación.
Además avalaron un documento inicial para enriquecerlo y que sirva de punto de partida para esta Ley de Consulta.
Juan Carlos, reconoció que es una deuda con los pueblos originarios y afrodescendientes darles voz para que decidan sobre sus territorios.
Hasta el momento hay cinco iniciativas distintas con las que se propone: reglamentar el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, a través de un proceso transparente, en el que puedan expresar su opinión en torno a los proyectos de obra pública que afecte sus tierras y territorios o los recursos naturales existentes en ellos.
Así también, busca que estas comunidades puedan ser informados y consultados respecto a la expropiación de tierras de núcleos agrarios que pertenezcan a dichos grupos sociales, así como para el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de recursos propiedad de la nación, ubicados en sus tierras y territorios.
Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, expresó que, “la idea es tener un predictamen, el cual tendría que consultarse para que una ley así cubra los requisitos que establecen los estándares internacionales en la materia”.
Para ello, convocó comunidades indígenas, pueblos indígenas y afromexicanas, investigadores, especialistas, académicos, organizaciones civiles, funcionarios y al público en general a participar en la consulta previa, libre e informada en materia de consulta.
El emitir esta Ley de Consulta “sería saldar también parte de esa deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las comunidades indígenas”, apuntó.
Destacó que los principios rectores de los 10 foros que se realizaran a lo largo y ancho del país, se guían en el programa y proceso de consulta libre, sobre materia legislativa que se propone expedir, son reconocidos por el convenio 169 de la organización internacional del trabajo (OIT) y sus observaciones de libre determinación, participación, buena fe, libre, previa, culturalmente adecuada.
Interculturalidad, pertinencia y accesibilidad, transparencia, igualdad, deber de acomodo, deber de adoptar decisiones razonadas, respeto a las decisiones de las comunidades, y lograr un acuerdo.
Juan Carlos, recordó que de acuerdo con lo establecido en el articulo 19 de la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de l os pueblos y comunidades indígenas, “Los Estados celebraran consultas y cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”, apuntó.
Serán sujetos de la consulta, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a través de sus, autoridades municipales, gobiernos indígenas tradicionales, autoridades comunitarias, comunales, ejidales, organizaciones e instituciones de pueblos indígenas, organizaciones de jornaleros, comunidades indígenas urbanas, personas indígenas migrantes, autoridades, organizaciones e instituciones de pueblos afromexicanos, ciudadanía e instituciones especializadas en la materia.
