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Jaime GUERRERO
Reyna Santillán, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, suplicó e imploró a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acepten y resuelvan el conflicto competencial que respecto a la violencia política que dice fue objeto por parte del un diputado local y compañeros del CPC-Oaxaca.
En conferencia de prensa, pidió a los y las ministras de la SCJN determinar si le corresponde a los tribunales electorales conocer de los asuntos de violencia cuando las mujeres ejercen cargos de participación ciudadana por designación directa, o en su caso, a qué tribunal.
La integrante del Comité acusó violencia política en razón de género en su contra por sus compañeros, principalmente por Pablo Murguía Gaytán y por el diputado César Morales Niño.
Miguel Santillán originaria de San Francisco Yateé, Villa Alta Oaxaca, cuya lengua materna es el zapoteco, ha sufrido violencia política al interior del Comité de Participación Ciudadana de Oaxaca.
No se han querido reconocer dichas agresiones por no haber sido electa por votación popular, sino que por su trabajo político y activista fue electa por la Comisión de Selección del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
Miguel Santillan, fue nombrada de manera indirecta por el Congreso Local y el Congreso de la Unión, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF por medio de su Sala Superior y sus Salas Regionales quienes se dicen incompetentes para conocer de los asuntos.
El diputado César Enrique Morales Niño por el Partido del Trabajo (PT) es señalado como el agresor.
Miguel Santillán acusó que el legislador local, se ha encargado de violentarla y acusarla de corrupta por ser profesora, haciendo daño a su integridad.
La académica acusó también que no sólo ha sido agredida por Morales Niño, también Pablo Munguía Gaytán, secretario técnico y sus demás compañeros y compañeras del Comité de Participación Ciudadana de Oaxaca, ya que la violencia que padece ya se convirtió en estructural.
Entre la violencia que dice padecer Miguel Santillán dentro de la Comisión es ser ignorada, además de que sus compañeros no asisten a las sesiones que ella dirige.
“Me limitan a entrar a sesiones. No me llegan convocatorias. Se cancelaban las sesiones, estaba insegura de que lo hacían de manera estratégica para que yo no llegará, no se me invitaba a la comisión ejecutiva, no se hacían las sesiones donde tenía que autorizar el informe. De las seis sesiones que convoqué a cuatro no llegaron y a dos sólo asistieron para regañarme y violentarme”, acusó.
Las denuncias de violencia política de Miguel Santillan, han sido del conocimiento del TEEO y el TEPJF, donde le dijeron que no podían considerar su petición como violencia política, ya que no había sido electa por el voto popular.
“Por eso es que suplico e imploro a las ministras y los ministros de la SCJN acepten y resuelvan el conflicto competencial que se les planteará para que determinen los alcances de la reforma, si le corresponde a los tribunales electorales conocer de los asuntos de violencia cuando las mujeres ejercen cargos de participación ciudadana por designación directa, o en su caso, ¿a qué tribunal debemos acudir a solicitar justicia?”, clamó.
Lamento que el TEPJF ha omitido estudiar y en lugar de ser un aliado de las mujeres, ha levantado un muro que les impide acceder a la jurisdicción electoral a pesar de que el legislador fue claro en decir que los Tribunales Electorales deben conocer de los casos de violencia de las mujeres por medio del voto popular y designadas.
