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Jaime GUERRERO
Emanuel Díaz, abogado del edil con licencia, Dante Montaño Montero, afirma que los efectos de sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde instruye a los órganos electorales del país, la creación de la lista personas que incurren en Violencia Política, no señala que el también precandidato a edil del Partido del Trabajo (PT) esté impedido a ser reelegido.
A negativa del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, (IEEPCO), anunció que impugnaran ante los órganos jurisdiccionales.
El abogado, refirió que por las tendencias de las consultas que han hecho al IEEPCO, el órgano electoral, estaría negando la candidatura a Montaño Montero.
Pese a ello, afirmó que el edil sigue firme porque al ser un ciudadano con pleno goce de sus derechos políticos electorales, salvo que un órgano jurisdiccional determine lo contrario.
Afirmó que la realidad es que, al crearse la lista de violentadores políticos, la Sala Superior del TEPJF, marca los limites y no es la inhabilitación.
Emmanuel Díaz, recalcó que según la sentencia solo se le manda inscribir en una lista de carácter local que tutela el IEEPCO y en el apartado donde marca los efectos de la lista, determina que es para efectos declarativos.
Refirió que el magistrado de la Mata Pizaña, establece muy claro que es para conocimientos de la sociedad y no marca una limitante para acceder a un cargo de elección popular.
Explicó que en materia de derecho cuando una persona ya fue juzgada y sancionado, en alcance a la sentencia que ya determinó la pauta, si otro órgano calificador impone otra sanción, se incurre en una violación a un principio constitucional.
Por tanto, que el IEEPCO niegue la candidatura a Montaño Montero, afirmó que sería ilegal.
Montaño Montero fue acusado de ejercer violencia política en razón de género contra a regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables, Nallely Ortiz Jiménez, quien también ejerce un cargo en el IEEPO.
En febrero del 2020, la concejala denunció al munícipe ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y ante órganos jurisdiccionales violencia política. Derivado de una cadena impugnativa, la sala superior del TEPJF instruyó al INE, al IEEPCO y los OPLEs del país, la creación de una lista de violentadores políticos.
La priísta, denunció la violación de sus derechos político electorales de votar y ser votada en la vertiente del ejercicio a su cargo.
