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Jaime GUERRERO
Pese a la suspensión provisional otorgada por un juez federal, la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana (#CPC) del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca, continua con los trabajos de elección de los y las consejeras que conformarán el órgano “ciudadano” anticorrupción.
La Comisión de Selección, sigue con la depuración de los actuales “comisionados ciudadanos” que en realidad son cuotas de actores políticos y funcionarios.
Por lo pronto, han verificado el cumplimiento de los requisitos de los ciudadanos y ciudadanas que atendieron la convocatoria para ser integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.
La Comisión acordó en pleno requerir a 22 personas postulantes y estableció que seis registros incumplieron con los requisitos mínimos o no acreditaron la validez de los documentos presentados, por lo que fueron excluidos para avanzar a la siguiente etapa.
El pasado 5 de agosto, el Juzgado Décimoprimero de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió un acuerdo que ordena a la Comisión de Selección suspender provisionalmente la renovación del Comité Ciudadano Anticorrupción.
La suspensión provisional dictada por el juez federal ordena a la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema de Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, se abstenga -sin detener el proceso de selección- de llegar a la parte final de designación y toma de protesta de las y los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.
A través del membrete “Litigio Estratégico Indígena A.C.”, que dirige el abogado Carlos Morales, se amparó Pablo Munguía Gaytán, actual presidente del CPC, quien es compadre del diputado federal del PT, Benjamín Robles Montoya.
Munguía Gaytán es cercano colaborador de Robles Montoya y llegó al CPC bajo el cobijo de los diputados locales del PT que coordina, Noé Doroteo Castillejos.
Otro comisionado que se amparó bajo el apoyo de ese membrete es José Juan Flores Guzmán, quien llegó al cargo con el apoyo de diputados del PRI en la LXIII Legislatura y ha sido señalado de presuntos actos de corrupción.
Así como la comisionada ciudadana Sonia Mora Cruz, esposa del tesorero del Congreso del Estado, Omar Maldonado Aragón, quienes son cuota del senador de la República, Salomón Jara Cruz.
También buscaron la protección de un juez federal, Reyna Miguel Santillán y Lucila Martínez Altamirano, ambas académicas y arropadas por las bancadas del Morena y el PT en la LXIV Legislatura para llegar al cargo.
Los sueldos de las y los comisionados ciudadanos oscilan en los 80 mil pesos mensuales, mientras que el Comisionado Presidente oscila en los 100 mil pesos.
“Litigio Estratégico Indígena A.C.” es un despacho dirigido por Carlos Morales, quien también litiga el caso de la jueza Érika Rodríguez que reclama una magistratura por paridad constitucional y ha impugnado el proceso de designación de los magistrados del TSJE Moisés Molina Reyes y Abraham Isaac Soriano Reyes.
Por pretender una presunta ventaja procesal, el abogado Carlos Morales y la jueza Rodríguez son indagados por un ministerio público federal.
