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Jaime GUERRERO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (#CNDH) emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert Calvo, por violaciones a derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la legalidad, por “la falta de debida diligencia, así como incumplimiento al deber de cuidado”, en agravio del periodista Gustavo Sánchez Cabrera.
En la recomendación 121/2022 ese órgano, ordenó López Hernández, Murat Hinojosa y Peimbert Calvo, que se proceda a la inmediata reparación integral del daño a la familia, que incluye atención psicológica, y una compensación justa, en términos de la Ley General de Víctimas y atención psicológica.
A la Segob que colabore con su Órgano Interno de Control para el seguimiento de la denuncia administrativa que la propia Comisión presente en contra de los funcionarios identificados como responsables para que se investiguen y sancionen sus probables faltas administrativas.
Por separado a Murat Hinojosa, le pide que ofrezca un disculpa pública, cuya finalidad debe ser establecer la verdad de los hechos, el reconocimiento de responsabilidad del mandatario a nivel institucional en este crimen y restablecer “la dignidad de la víctima en su labor periodística y establecer el compromiso institucional para la no repetición de hechos similares”.
Además, pidió a Murat Hinojosa para que con la colaboración de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental dé seguimiento a la denuncia administrativa que se presente por las probables faltas cometidas por servidores públicos del gobierno del estado.
La CNDH también ordenó al gobernador de Oaxaca a impartir un curso sobre derechos humanos y medidas de protección y prevención en favor de personas periodistas en el marco del convenio de cooperación institucional signado entre el gobierno del estado y la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
A la Fiscalía General del Estado le solicitó que colabore con la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República (FGR) en el seguimiento de la denuncia administrativa que se presente en contra de las personas servidoras públicas identificadas como responsables en no brindar protección al periodista, cuando éste lo solicitó de manera reiterada.
Sánchez Cabrera fue asesinado en junio de 2021, cuando viajaba junto con su hijo en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec.
No obstante, meses antes de la agresión el comunicador había solicitado ser incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “pero los dictámenes par ello se emitieron de forma tardía y limitada”, expone la CNDH.
La CNDH pudo corroborar omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones de al menos 15 servidores públicos, 11 de ellos del mecanismo a cargo de la Segob, una del gobierno de Oaxaca y tres de la fiscalía estatal.
Y es que la Comisión, logró documentar que el periodista sufrió y denunció agresiones, amenazas y ataques previo a su asesinato, los días 25 y 30 de abril, 13 de julio, 25 de octubre, y 18 de noviembre de 2020, ante las cuales solicitó un chaleco antibalas y que se concretara si ingreso al mecanismo de protección, lo cual no sucedió, pese a que los funcionarios contaba con toda la información suficiente par “advertir la gravedad e inminencia del riesgo que la personas enfrentaba”.
Entre los ataques previos que recibió el oaxaqueño, destacan amenazas de muerte y secuestro, y un atentado con arma de fuego, por el cual fue hospitalizado.
Bajo esa perspectiva, la CNDH determinó que existe responsabilidad de los servidores públicos del Mecanismo, quienes “omitieron proteger, promover y garantizar los derechos humanos, no cumplieron con sus funciones encomendadas (…) a fin de implementar medidas de prevención, protección y atención urgente con las cuales se garantizar la vida, integridad y seguridad de la víctima quien se encontraba en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.
Sobre el gobierno de Oaxaca, la CNDH destacó una “preocupante falta de voluntad política” para coordinar acciones a fin de proporcionar atención integral a la familia de la víctima.
