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Jaime GUERRERO
Con 30 votos a favor, la LXV Legislatura, pidió al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado, inicien una investigación exhaustiva para aclarar irregularidades reportadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en las auditorías de cumplimiento y desempeño al fondo de aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y obra pública, y en la auditoría del fondo de aportaciones múltiples del 2021 al 2022.
De detectarse hechos posiblemente constitutivos de delito, se le de vista a la Fiscalía General del Estado.
En tribuna, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Organismo Superior de Fiscalización del Estado (OSFEO), Luis Sosa Castillo, refirió que la ASF detectó en la Cuenta Pública 2021, malos manejos de los recursos que le otorgó el Gobierno federal a Oaxaca.
En la revisión de la auditoría de cumplimiento y desempeño 2021-A-20000-21-1327-2022, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, la ASF halló que el Gobierno de Oaxaca infringió la normativa, principalmente en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por un millón 988.1 miles de pesos, y Obra pública por un millón 223 mil pesos.
Eso generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3 millones 211.1 mil pesos, que representa el 2.2 por ciento de la muestra auditada, así como recursos pendientes de aclarar por un millón 455.1 mil pesos.
En la auditoría, la del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021-A-20000-19-1323-2022 Fondo de Aportaciones Múltiples, el órgano detectó que el Gobierno de Oaxaca infringió la normativa en el uso de recursos, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2 millones 152.8 mil pesos, que representó el 0.2 por ciento de la muestra auditada.
La ASF también observó que Oaxaca incumplió sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida en el cuarto trimestre del formato Ejercicio del gasto .
Sosa Castillo, destacó que el órgano fiscalizador observó que, Oaxaca “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que enviaron a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento los estados de cuenta bancarios fuera del plazo establecido en la normativa.
Frente a ellos, el diputado de Morena, destacó que, es fundamental que el Poder Ejecutivo, transparente la información relativa a los recursos públicos, con honestidad en su proceder y con suficiente información, de tal forma que, se pueda esclarecer puntualmente las observaciones realizadas por la ASF a su administración.
En referencia a las observaciones sobre el Órgano de Control Interno del Gobierno del Estado, lamentó que ha hecho caso omiso del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando por un lado su obligación de cumplir con el mandato de prevenir, corregir e investigar actos que pudieran derivar en responsabilidades administrativas, así como dar seguimiento al ingreso, egreso, manejo y aplicación de los recursos públicos.
Destacó que una de las facultades de los OIC es la de conocer y dar seguimiento a las faltas y sanciones de orden administrativo y, en su caso, denunciar ante las autoridades ministeriales los actos de las y los servidores públicos que pudieran constituir delitos, por lo que es la primera instancia a la que la ciudadanía puede recurrir para denunciar irregularidades en el ejercicio de la función pública.
