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Jaime GUERRERO
El Congreso del Estado, exhortó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para que, instruya al titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navaro, para que de manera minuciosa, puntual, trasparente y honesta, revise, inspeccione y vigile todas las áreas que conforman el gabinete legal y ampliado, que serán sujetas al proceso de entrega recepción con la próxima autoridad electa que encabezará Salomón jara Cruz.
El objetivo, es que no se realicen las prácticas indebidas o ilegales en detrimento y devalúo de todos los bienes muebles que son patrimonio del estado.
De igual forma, se elabore un reporte sobre las plazas y plantilla del personal avaladas por la dirección de recursos humanos, así mismo, mediante un informe pormenorizado se puntualice los montos y rubros donde fueron aplicados la deuda pública que tiene el estado, así como el monto real que se hereda a la administración entrante.
La diputada promovente del punto de acuerdo, Rosalinda López García, refirió que en el 2011, el ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, anunció el inicio de una investigación en donde se podrían tipificar delitos por corrupción ante las serias inconsistencias en el manejo de recursos financieros, humanos y materiales realizados en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz y que involucra a diversos ex funcionarios.
En ese entonces Perla Woorlich Fernández, secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental dio a conocer en un informe preliminar, que derivado del proceso de entrega-recepción de la anterior administración estatal, se detectaron graves irregularidades en diversas dependencias, debido a que no se explica con claridad la situación de las dependencias, porque no detallan las acciones relevantes realizadas durante el periodo del Gobierno Estatal anterior.
Así mismo destacó que en la mayoría de la estructura de la administración pública estatal, el ejercicio presupuestal no fue concertada con la Secretaría de finanzas, y ello incurrió en el uso discrecional del erario público.
Así mismo describió que las irregularidades mayores fueron en lo referente a la bursatilización del impuesto sobre Nómina y derecho por control de servicio vehicular, así como la prestación de servicios a largo plazo por la construcción, equipo y mantenimiento de las ciudades Administrativa y Judicial al omitir la información en las actas de entrega-recepción.
De igual forma en cuanto al patrimonio inmobiliario del gobierno estatal, no se incluyó la información sobre costo en la adquisición de bienes muebles o valor de avalúo que soporten las cantidades integradas a los estados financieros, así como tampoco se encuentran evidencias de estar inventariados a través de la Dirección de Patrimonio Mobiliario e Inmobiliario de la secretaria de Administración.
Recordó que con la salida de Cué Monteagudo, se destacó que el ex mandatario, ocupó su lugar en la historia de Oaxaca como el primer gobernador surgido de una alianza opositora al PRI; sin embargo, sobre ello resalta el haber sido el gobernador más corrupto de la historia reciente al dejar en la quiebra a la entidad, con una deuda millonaria.
Para el 2017, la organización “Plataforma Oaxaca Solidario” acudió ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIP) para ser notificados sobre la resolución a su recurso de revisión en la que solicitan a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que proporcionará las actas del proceso de entrega-recepción entre la pasada administración de Gabino Cué y la actual encabezada por Alejandro Murat, en un plazo no mayor a 10 días.
Así también, el IAIP realizó una recomendación a la Contraloría para que implemente las acciones en materia de acceso a la información dentro de las diversas áreas administrativas que lo conforman, con el fin de garantizar el acceso a la información pública.
Frente a esas denuncias públicas, advirtió que en lo que respecta a los dos sexenios anteriores, han existido saqueos, mala administración, coordinación y manejo de interés económicos e información a conveniencia, con el único fin de obtener beneficios propios y ocultar la corrupción.
Por ello, resulta importante que, al tener Gobernador Electo, como lo establece el artículo 114 Bis, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, es necesario que, el titular del Poder Ejecutivo, mediante la práctica del ejercicio responsable, transparente y eficaz de los recursos públicos, se instruya a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para que en el ámbito de sus factuales vigile escrupulosamente el proceso de entrega que realizará los integrantes del gabinete legal y ampliado, así como de todas las áreas sujetas a dicha entrega.
Ello con la única finalidad de no caer en actos de detrimento, devalúo de bienes del Estado, o actos de corrupción, manejando información a conveniencia para beneficio de dichos servidores públicos salientes.
De la misma forma, derivado del decreto 809 que autorizó la LXIV Legislatura al Estado, por conducto del ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, la contratación de financiamiento por un monto de hasta 3 mil 500 millones de pesos para destinarlo a inversión pública, productiva, a la constitución de fondos de reserva y a los gastos y costos derivados derivado de la contratación de los financiamientos.
Por ello, agregó, resulta importante que en el acto del proceso de entrega recepción, se puntualicen de manera pormenorizada cada uno de los rubros a los que fueron destinados la deuda adquirida por el ejecutivo, así como el monto real que hereda a la próxima administración estatal electa, ello, con el fin de trasparentar el recurso publico del Estado, y hacer una entrega recepción responsable, y transparente.
