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Jaime GUERRERO
A un mes y medio de asumir el cargo de gobernador constitucional de Oaxaca, organizaciones sociales y sus respectivos líderes acostumbrados a la presión, chantaje y a lucrar con la pobreza -como lo hacen en cada sexenio- amagaron al gobernador, electo, Salomón Jara Cruz, con reeditar la autollamada “Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)”, para presionarlo a obtener respuestas a sus tradicionales “demandas” de carácter “económico, político, social y de justicia”.
En el 2006 la entonces APPO, buscó derrocar al entonces ex gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, derivado de un fallido desalojo que implemento contra el magisterio oaxaqueño y que al paso de los meses convulsionó a la entidad, dejando a su paso muertos, lesionados y presuntos desaparecidos.
Por lo pronto, organizaciones sociales, anunciaron que marcharan el 1 de diciembre -el día de la toma de protesta de Jara Cruz- hacía el Congreso del Estado o simultáneamente en calles de la capital de Oaxaca.
Este miércoles, marcharon por las principales calles del centro histórico de Oaxaca, los membretes de supuestas 23 organizaciones sociales; en tanto que Unión de Comunidades de la Sierra Juárez, protestó en la sede del Centro Cultural y de Convenciones, para exigir la autorización y liberación de recursos para “obras de infraestructura”.
Las 23 organizaciones sociales que amagaron al gobierno de Jara Cruz, culminaron su marcha en la Plaza de la Danza. Ahí realizaron un mitín y anunciaron su plan de acción a partir del 1 de diciembre, día de la toma de protesta del gobernador electo quien anunció la llegada de la “Primavera Oaxaqueña”.
Organizaciones como UACOL, FPR, MULT, la Red de Víctimas Tomás Martínez, que lidera el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, José Alberto Martínez Luna y “familiares de víctimas de la masacre de San Mateo de Mar”, anunciaron una jornada de lucha unitaria en el marco de la toma de protesta de Jara Cruz.
La segunda estrategia es la construcción de una “asamblea” que rescate la esencia de la APPO, priorizando la unidad de la acción y las coincidencias.La tercera estrategia es recuperar las fechas históricas del movimiento “social” oaxaqueño para activarse en “la lucha unitaria”.
“La idea es que a partir de estos planteamientos especificos podamos enriquecer ese plan de acción pero sin que hagamos una serie de fechas, acontecimientos o acciones pequeñas. Que la unidad no se genere de acciones aisladas. Más bien que podamos construir estas actividades como parte de consenso y la unidad”, destacó el orador.
Presumió que la coincidencia entre las organizaciones sociales, “es que existe la necesidad de que el 1 de diciembre nos movilicemos porque si en el congreso del estado van a estar de fiesta porque llega el nuevo gobierno hacer y deshacer de las arcas del Estado de los recursos, nosotros estamos vigilantes y atentos al gobierno para que cumplan nuestras demandas”.
Organizaciones sociales, agrupadas en diversos membretes, como el CIPO, FALP, CODEP, Sol Rojo, 14 de Junio, CODEDI, CODECI, MULT, MULTI, Ubisort, entre otras que también se denominan luchadoras sociales, como la COCEI, COCEI Nueva Generación, otras más como la Alianza de Pueblos por la Justicia Social, realizan sistemáticamente bloqueos en diversos puntos viales de la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana.
Lo hacen en la conmemoración de las fiestas patrias y para exigir dinero al gobierno, como lo han acostumbrado en diversas ocasiones. Lo mismo en procesos electorales, cambios de gobierno, entre otras fechas conmemorativas.
Se trata de diversas organizaciones sociales que provienen de la Sierra Sur, Norte, Costa, Istmo, cuyos líderes se han caracterizado por la violencia en contra de la sociedad, de los periodistas y en contra de las personas que buscan cruzar dichos bloqueos.
Cierran el crucero del aeropuerto, el crucero del estadio de béisbol en la capital, de la agencia de Cinco Señores, el parque del amor. Algunas movilizaciones son alentadas por diputados federales, locales y autoridades municipales.
Así, organizaciones sociales utilizan como chantaje, las festividades, conmemoraciones y procesos electorales para obtener beneficios particulares y grupales.
En su última comparecencia ante la LXV Legislatura del Congreso del Estado, el Secretario General de Gobierno, Francisco García López reveló que son 20 organizaciones, ligadas a Morena y PUP las de mayor actividad de movilizaciones para exigir recursos públicos.
Las organizaciones sociales -que a pesar de tener atención permanente de los tres niveles de gobierno- utilizan como rehén y se movilizan en cada festividad del 15 de septiembre, la Noche de Rábanos, la Guelaguetza y ahora en el proceso electoral, tienen un modus vivendi.
No obstante, García López, aseguró que los tres niveles de gobierno, los atienden y sus demandas son dirigidas a las diferentes instancias.
“Tenemos un padrón arriba de 260 organizaciones; sin embargo hay 20 organizaciones que tienen capacidad de movilizarse de manera constante y yo les pediría a ustedes que lo revisaran hay casas en donde hay una, dos o tres organizaciones obedecen a una situación familiar”, señaló.
“Las organizaciones son ligadas a Morena y al PUP y en algunos casos hacen alianzas con organizaciones indígenas”, sostuvo al nombrar a Codedi, CIPO, Codeci, Alianza de Pueblos.
Reveló que existen inmuebles que albergan hasta 3 organizaciones que obedecen a vínculos familiares. “No es posible. Hablamos de organizaciones que representan la posibilidad donde el gobierno no puede llegar. Son el brazo de vinculo”.
García López, aclaró que el Congreso del Estado no etiqueta recursos para dar respuesta económica a las organizaciones sociales, porque el mismo gobierno federal ha instruido dar apoyo de manera directa a los beneficiarios.
No obstante, en Oaxaca, las organizaciones sociales se movilizan a diario, algunas de ellas, son serias y productivas que acercan los apoyos a las comunidades, “esas son el brazo que se extiende en favor de las comunidades.
Cabe destacar que en la LXV Legislatura, el Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo informe sobre los nombres, los criterios, la periodicidad y los montos que destinan para el apoyo a organizaciones sociales, recursos que ascienden a mil millones de pesos.
El entonces, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Mendoza Reyes, quien presentó la propuesta, dijo que el arranque de cada Gobierno, ha sido el banderazo de salida para que numerosas organizaciones sociales y gremiales manifiesten sus exigencias, muchas de ellas legítimas y transparentes, muchas de ellas no, mediante actos de presión política en distintos puntos del territorio.
“En algunos casos, incluso, hemos visto graves demostraciones de intolerancia por parte de grupos radicales que provocan caos y violencia y amenazan la seguridad y la integridad de las familias oaxaqueñas, escondiéndose detrás de pancartas y pasamontañas, cometiendo más que sólo actos de vandalismo, sino evidentes delitos del fuero común, como robo de mercancías, secuestro de unidades de transporte público, bloqueos a vías de comunicación y daño a la propiedad privada y bienes públicos”.
Criticó que en todos los casos ha sido práctica común de la Secretaría General de Gobierno y de otras dependencias del Ejecutivo, “el tranzar con estas organizaciones radicales, para evitar supuesto daños mayores a la gobernabilidad de Oaxaca, con resultados poco exitosos o definitivamente, sendos fracasos que exhiben su incapacidad para lograr acuerdos que permitan la gobernabilidad y la normalización democrática de la vida económica, política y social de los oaxaqueños”.
Sostuvo que lo más grave de esta práctica antidemocrática es que ocurre en los drenajes de la política y en el más profundo oscurantismo, a espaldas de la sociedad oaxaqueña y dejando un tufo de corrupción e impunidad en las relaciones entre el gobierno y las organizaciones que han encontrado en el chantaje un modus vivendi y un pasaporte a las arcas del gobierno sin control ni rendición de cuentas.
“Esta política pública pone en entredicho la legitimidad democrática de las decisiones de un gobierno respecto al uso y el destino de los recursos del presupuesto estatal”.
Por su parte, el entonces diputado del Partido del Trabajo (PT), Jesús Romero López, solicitó en ese entonces, establecer un catálogo estatal que clasifique cuáles son las organizaciones de carácter productivo en el medio rural y social.
“Porque hay que cribar en Oaxaca entre lo que es el movimiento social y político, que surge de diversos conflictos y las organizaciones productivas, ya que no estamos en la misma bolsa todos”, apeló el hoy actor político que está perfilado como Secretario General de Gobierno en el sexenio de Jara Cruz.
Refirió que en Oaxaca no existen mil organizaciones, son 25 o 26 las más serias del estado.
“Mucho de éste monstruo que aun tenemos fue originado desde las esferas del poder, porque desde hace muchos sexenios se ha pretendido resolver los problemas a través de dádivas; el Ejecutivo vino y dijo que costaban mil millones de pesos las organizaciones al pueblo de Oaxaca, pero no es así, hay que distinguir”, atajó el entonces integrante de la LXIII Legislatura.
