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Jaime GUERRERO
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, en la cual se prevé obtener un total de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos (mdp).
Con 271 votos a favor, 201 en contra y una abstención, la Asamblea avaló el dictamen en lo particular, y se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En una sesión en que abundó el jaloneo discursivo, la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general la Ley de Ingresos de la Federación 2023, que considera recursos por casi 8.3 billones de pesos, tras lo cual los legisladores iniciaron un maratón de 188 oradores para desahogar 444 reservas, en un ejercicio inútil ante la decisión de la mayoría de no modificar el proyecto del Ejecutivo.
El Pleno aceptó la reserva presentada por la diputada Martha Alicia Arreola Martínez (Morena) para adicionar un Artículo Vigésimo Sexto Transitorio en materia de regularización de autos usados de procedencia extranjera.
La diputada mencionó que los subsidios federales derivados de los ingresos que se obtengan por los aprovechamientos que se hayan generado en 2022, se podrán comprometer, devengar y pagar, por parte de los municipios, durante el ejercicio fiscal 2023.
Dijo que se busca proteger fortalecer y sumar la medida para regularizar vehículos de procedencia extranjera, con lo que se garantizará y dará mayor certidumbre a los recursos obtenidos por este programa.
Explicó que el decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, promulgado a principios de 2022, ha regularizado 600 mil unidades, y que, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se han obtenido mil 394 millones de pesos, que se destinarán para pavimentación de los municipios que acceden a este programa.
De igual forma, se aceptó la reserva presentada por el diputado Azael Santiago Chepi (Morena) para adicionar la fracción VIII del apartado A del artículo 16, para establecer que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 6 millones de pesos, y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por dicha enajenación represente al menos 90 por ciento de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate.
A su vez, en términos del dictamen quedaron las reservas impulsadas por diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios, a la Metodología fracción I, Antecedentes fracción II, Contenido de la Iniciativa fracción III, Consideraciones de la Comisión, la Denominación del Proyecto de Decreto, la Denominación del Artículo Único del Proyecto de Decreto y la Denominación del Capítulo Primero.
La sesión empezó al mediodía del jueves con la discusión de la Ley Federal de Derechos y se alargaría hasta el amanecer de este viernes, pues, en su frenesí, las bancadas registraron reservas al documento íntegro, esto es, desde la denominación del proyecto, la metodología, las consideraciones, todos los artículos y hasta la fecha de emisión.
No obstante, Morena advirtió que no movería ni una sola de las variables macroeconómicas y defendió que las estimaciones presentadas por el Ejecutivo son responsables. “A pesar de que se vive un entorno mundial extremadamente complejo, presenta bases realistas para que el país salga adelante”, dijo desde la tribuna el diputado Carol Antonio Altamirano.
Tanto PAN como PRI argumentaron que, en contra de la postura oficial, la Ley de Ingresos sí considera deuda nueva, pues de los casi 8.3 billones previstos, 1.1 billones corresponden a déficit. Además, legisladores de PAN y MC consideraron en sus respectivos turnos que la ley “es neoliberal” y señalaron que las principales variables están sobre o subestimadas.
Aun así, Morena indicó que esas grandes líneas del proyecto no serán alteradas. Con ello, la ley confirmará un estimado de crecimiento de 3 por ciento, una inflación prevista en 4.77 por ciento y un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar.
La proyección del precio del barril de petróleo se mantendría en 68.7 dólares y la plataforma de producción en un millón 872 mil barriles al día.
En la tribuna, el diputado de morena , Carol Antonio Altamirano desglosó el cálculo de ingresos: los presupuestarios se estiman en 7 billones 123 mil 474 millones de pesos, monto mayor en 950 mil 839 millones respecto del autorizado para 2022, esto es 9.9 por ciento real más. Al agregarle los financiamientos, los ingresos totales para el sector público en 2023 serán de casi 8 billones 300 mil millones, confirmó.
Del total, los ingresos no petroleros serán de casi 5 billones 806 mil millones de pesos, cifra mayor en 720 mil 201 millones de lo previsto para 2022, esto es 8.8 por ciento más, que se explica en cierta medida por el aumento de los ingresos tributarios.
Con estos recursos, dijo, se financiarán en el Presupuesto de Egresos los programas de política social del actual gobierno, que incluyen las pensiones para adultos mayores, becas para jóvenes y pensiones para discapacitados, entre otros. También se incluye un gasto de inversión pública por un billón 190 mil 133 millones de pesos, que representa 3.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Como parte del jaloneo, la oposición sostuvo que en el actual sexenio aumentó el saldo histórico de la deuda, pero Morena acotó que al cierre de 2023 se ubicará en 49.4 del PIB, monto manejable si se compara con otros países de América Latina, aun con el repunte en el costo financiero.
Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Turismo, Jericó Abramo (PRI), expresó la preocupación de su partido por los cálculos previstos en la Ley de Ingresos; ejemplificó que la meta de recaudación no se cumplirá y el crecimiento del PIB ya se ha reducido a la mitad de lo previsto por Hacienda.
