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Jaime GUERRERO
A 6 días del inicio formal del proceso electoral, por incurrir en presuntos “desvios de recursos y la comprobación indebida” de más de 𝟭𝟵 millones 9𝟳5 mil pesos, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez Gonzáles, así como Noemí Sánchez Gutiérrez, ex coordinadora administrativa fueron suspendidas de manera indefinida de su cargo.
En lo que es considerado como “conflicto interno”, la Contraloria General del IEEPCO, determina suspender a la consejera Presidenta, por incurrir en una presunta falta administrativa 𝗚𝗥𝗔𝗩𝗘 en el uso y destino de los recursos públicos.
Por ello, el órgano de control interno dará vista al Instituto Nacional Electoral (INE), quien es el unico organo legalmente facultado para remover a las y los consejeros del los OPLES. Tras ventilarse las presuntas irregularidades, Sánchez Gonzáles, convocó a las y los consejeros, así como a los representantes de los Partidos Políticos ante el IEEPCO a reunión urgente.
Ahí la titular del OPLE, anunció que se defendería por la vía legal y por consejo de sus abogados, aplazaría la sesión que tenía prevista convocar para éste viernes, así mismo analizarían entre las y los consejeros la designación de una consejera presidenta encargada de despacho.
En medio del arranque del proceso electoral, las y los consejeros, así como los representantes de los Partidos Políticos, determinaron cerrar filas entornó al IEEPCO al ser la institución encargada de tutelar la elección de 42 diputaciones locales y concejalías en 153 ayuntamientos que se rigen por la vía de los Partido Políticos.
No obstante, representaciones le hicieron ver a Sánchez González, -al decirse sorprendida de la divulgación de la información- que, si sabía de la auditoría y presuntas anomalías en curso, no se solventaron en tiempo y forma en coordinación con el contralor interno, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, con quien mantiene una confrontación abierta y pública. Cruz Rodríguez, esta por culminar su cargo.
A través de la auditoría al gasto del IEEPCO, se le realizaron 56 observaciones y recomendaciones del proceso electoral 2022, por un monto de 50 millones 776 mil 644.23 pesos.
Sin embargo, solo se solventaron 19 observaciones y 22 solventaron parcialmente.
El monto pendiente de solventar es de 𝟭𝟵 millones 9𝟳5 mil 𝟭𝟭𝟳.𝟯𝟮 pesos, corresponde a 15 observaciones, de las cuales, sobresalen 11 que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no presentó evidencia de la documentación justificativa, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles.
El documento emitido por la Contraloría General del (IEEPCO) en conjunto con la Coordinación Jurídica y Subsanación de Incidentes señala que el 10 de agosto de 2023 recibieron una denuncia realizada por el Contralor Interno del órgano electoral local, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez.
En ésta el funcionario señala haber detectado erogaciones que carecen de documentación justificada como lo es el arrendamiento de vehículos y la falta de aplicado los procedimientos que contempla la Ley de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios Administrativos de Bienes Muebles e Inmuebles del estado de Oaxaca, así como del Reglamento de Adquisiciones y Servicios del IEEPCO.
Citó los trabajos de remodelación y mantenimiento realizados en julio de este año en las instalaciones del IEEPCO sin que se llevara a cabo los procedimientos de comprobación y sin que haya sido convocado previamente a reuniones con el Comité de Adquisiciones para abordar lo relativo a la contratación de los servicios.
La Coordinación Jurídica y Contraloría General señalaron que tanto la presidenta del IEEPCO como Noemí Sánchez Gutiérrez, titular de la coordinación administrativa del instituto, “no cumplieron con las formalidades establecidas para el manejo del presupuesto asignado a este Órgano Electoral, lo que conlleva a una falta y que podría afectar el presupuesto de este instituto para su debido funcionamiento dentro del ejercicio legal 2021, 2022 y 2023.
Cabe destacar que en la auditoría practicada, el dictamen se determinó “CON SALVEDAD”, es decir, Sánchez González y Sánchez Gutiérrez, -quien sería familiar de la titular del IEEPCO-, podrán presentar conforme a derecho, argumentos de defensa o justificación administrativa-financiera.
Recalcar que, el Instituto Nacional Electoral (INE), es el único órgano con facultades para remover a la consejera Presidenta del OPLE de Oaxaca.
La auditoría, señala el documento, se practicó sobre la información proporcionada por el área fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo establecido, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, técnicas de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios.
“En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas”.
Pese a la suspensión, la contraloría general del “considera que, en término generales y respecto al periodo auditado, el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana De Oaxaca – Organismo Público Local Electoral Del Estado De Oaxaca; cumplió con las disposiciones normativas aplicables excepto por los resultados que se precisan en los apartados correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a recursos no comprobados o recuperados”.
En Oaxaca el proceso electoral en el que se elegirán 42 diputaciones locales y concejalías en 153 ayuntamientos por partidos políticos, arrancó el pasado 8 de septiembre.
Previo al inicio del proceso electoral local, la Consejera Presidenta del IEEPCO, ha nombrado como encargados de despacho de la Secretaría Ejecutiva a 4 personas con las cuales, ha sostenido confrontación y le ha valido denuncia por violencia política en razón de género que, por falta de votos, no ha prosperado ante la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
A su llegada, Sánchez González, acusó al ex secretario ejecutivo, Luis Miguel Santibañez, de violencia política y presuntas irregularidades financieras. El ex funcionario renunció.
Posteriormente, la consejera presidenta del IEEPCO, designó a Monivet Shaley López García, quien denunció violencia política por parte de Sánchez González, debido a que en un desayuno le pide irse de viaje, como salida decorosa del OPLE, además de que cuestionó su condición de mujer en el desempeño laboral.
Eso le valió a Sánchez González, una denuncia ante la Sala Especializada del TEPJF y que la magistrada ponente, Gabriela Villafuerte Coello, determinara que, Sánchez González, si incurrió en violencia política, sin embargo, no alcanzó los votos para aprobar el proyecto.
Con la salida de López García, arriba al OPLE, Juan Carlos Merlin, quien provenia del Instituto Nacional Electoral (INE), quien sale sin mayores aspavientos.
En seguida, es designada como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Norma Isabel Jiménez López, sin embargo, la titular del IEEPCO, entra en desacuerdo con su subalterna por inercias del trabajo y Jiménez López, -quien tambien fue suspendida por un periodo de 7 días por falta de presentación declaración patrimonial-, sale de OPLE.
Luego es designada como interina, la académica, Alejandra Soriano, y finalmente, el Consejo General del IEEPCO, aprobó la designación de Liliana Gómez, como actual Secretaría Ejecutiva. La relación no es tersa, aun cuando era su asesora.
Desde su llegada al IEEPCO, Sánchez González se ha confrontado con un bloque de 4 consejeros y consejeras: Carmelita Sibaja Ochoa, Nayma Enriquez Estrada, Zaira Hipolito López y Alejandro Carrasco Sampedro, con quienes ha mantenido un confrontación pública y abierta en las sesiones del Consejo General, por presuntas malas desiciones en la elaboración de los proyectos de acuerdo y han señalado a la consejera presidenta del IEEPCO de brincarse procedimientos, establecidos en reglamento del OPLE para la designación de cargos ejecutivos y directivos en el órgano electoral, así como presuntas decisiones unilaterales.
