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Jaime GUERRERO
Tras ser inhabilitada provisionalmente como presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González señaló la existencia de una persecución y utilización política de las instancias judiciales para quitarla del cargo.
La inhabilitación de Sánchez González, anunciada recientemente, fue resultado de una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.
Esta sanción implicó que este miércoles la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitara al Consejo General del IEEPCO designar al consejero Alejandro Carrasco como encargado de la presidencia.
En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, Sánchez González expresó que, aunque acatará la decisión, continuará luchando en los tribunales para limpiar su nombre y reputación. Criticó que el Tribunal de Justicia Administrativa haya impuesto efectos inmediatos a su sentencia, violando sus derechos de defensa y la normatividad establecida.
La ex presidenta del IEEPCO señaló que esta decisión es una afrenta al Estado de Derecho y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que solo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de remover a las consejerías de los institutos electorales locales. Considera que esta sanción también atenta contra sus derechos civiles, políticos y laborales.
Sánchez González denunció que la sanción en su contra forma parte de una persecución política y administrativa iniciada por Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, encargado de despacho de la Contraloría General del IEEPCO. Según ella, Cruz Rodríguez ha dedicado tiempo y esfuerzo a presionarla y desacreditarla, incluso iniciando procesos de asedio contra su equipo de trabajo, principalmente mujeres.
La situación escaló hasta el ámbito penal, con una orden de comparecencia emitida por un juez de control. En este sentido Sánchez González manifestó su preocupación por un posible intento de privarla de su libertad de manera arbitraria.
Reveló que el día 16 de abril el Juez de Control de Tanivet libró una orden de comparecencia y ese mismo día a la medianoche acudieron a su domicilio a tratar de notificarle un citatorio judicial, “con la clara intención de amedrentarme. Por lo que desde este momento denuncio la intención evidente de privarme arbitrariamente de mi libertad”.
No obstante, recalcó que, dará la batalla en los tribunales hasta limpiar su nombre y su prestigio, y para generar un precedente que ayude a que ninguna mujer tenga miedo a sufrir persecución por miedo a atreverse a ser titular de un órgano autónomo o a ejercer cualquier cargo.
En su mensaje, reiteró la falsedad de los señalamientos en su contra y su determinación de agotar todas las instancias legales para limpiar su nombre. Además, hizo un llamado a que ninguna mujer tenga miedo de sufrir persecución por atreverse a ocupar cargos públicos.
