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Jaime GUERRERO
Con la mayoría calificada de 483 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga el artículo 2° de la Constitución Política, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Con lo aprobado se reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos. Considera una nueva constitución de los pueblos y comunidades indígenas dentro del texto de la Carta Magna.
Hace mención que la nación mexicana tiene una composición multiétnica. Los pueblos y comunidades indígenas, podrán participar, en términos del artículo 3º constitucional, en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje.
También, desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio. Se reconoce a las personas que las ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud.
Las personas indígenas tendrán, en todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística.
Reconoce y asegura el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos.
Garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígenas y afromexicanos a una atención adecuada en sus propias lenguas, para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a las tecnologías, al arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo, entre otros.
El dictamen deriva de una iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó el pasado 5 de febrero y diversas propuestas de diputadas y diputados en la anterior Legislatura.
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez (PAN) dijo estar a favor de los pueblos indígenas, pero en contra de legislar sin escucharlos, pues cometen el error de colectivizar y restar valor a su dignidad individual como persona humana. “En esta propuesta las comunidades originarias serán sujetos de derecho, pero en la realidad se les olvida, por lo que la lucha por su defensa no ha terminado, pues estas modificaciones no saldan la deuda histórica con este sector de la población”.
De Morena, la diputada Gloria Sánchez López afirmó que reconocer a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público es un cambio paradigmático que los dota de personalidad jurídica y patrimonio propio. Reconoció que aún falta hacer realidad algunos derechos fundamentales como el crear institutos estatales de lenguas indígenas y la secretaría de pueblos indígenas y afromexicanos. Pidió aprobar la reforma como un acto de justicia que las y los indígenas han reclamado por siglos.
Miriam de los Ángeles Vázquez Ruíz, diputada del PT, mencionó que hoy se escribe un capítulo que había sido olvidado para avanzar en la inclusión de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos, y proteger a estos grupos mediante acciones compensatorias. “Hoy encuentran respeto, reconocimiento y la acción decidida de sus derechos. Con esta reforma se reorganiza el Estado y sus instituciones. Reconoceremos nuestras raíces indígenas; es un pacto social de justicia para las y los que pertenecemos a estos pueblos”.
La diputada Rosa María Castro Salinas de Morena, afirmó que la reforma a la Carta Magna tiene fundamento en la declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en el Convenio 169, y de los Pueblos Indígenas y Tribales, de los cuales México es firmante; además, es el resultado de muchas décadas de lucha, infinitos encuentros y desencuentros, así como avances y retrocesos. “Con ella inicia el fin del racismo sistémico”, aseveró.
