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* La propuesta incorpora los conceptos de Estado de Bienestar y Mínimo Vital
* Las autoridades del Estado y municipios deberán implementar los programas para fortalecer la economía de las mujeres y hombres entre 18 y 59 años en situación de pobreza, buscadores de empleo y sin remuneración fija, entre otros más
San Raymundo Jalpan, Oax., a 15 de febrero de 2025.- La diputada del Grupo Plural Lizbeth Anaid Concha Ojeda presentó al Parlamento del Congreso del Estado la iniciativa para incorporar a rango constitucional los programas sociales implementados por el Gobierno del Estado con el objetivo de institucionalizarlos y contribuir con ello a cerrar las brechas de desigualdad y combatir la pobreza, que se traducirán en un beneficio para el pueblo de Oaxaca.
Al participar en tribuna la representante popular resaltó que para abatir la pobreza es necesario avanzar en la inclusión social y laboral, atendiendo las diferencias que enfrentan diversos grupos en el acceso de diversos servicios y derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda, infraestructura básica, la generación de empleos, la protección social y el trabajo decente.
Mencionó que para cumplir dicho objetivo los programas sociales deben estar regidos por un principio de subsidiariedad, pero también se debe considerar el impulso de las políticas sociales como un instrumento para reducir las desigualdades, ya que la pobreza no podrá superarse si no es a partir de la incorporación de las órdenes constitucionales de una institucionalidad de la política social que enfrente los desafíos globales.
Explicó que esta iniciativa busca establecer a la pobreza como un problema estructural, así como reconocer los programas y políticas sociales en los órdenes constitucionales.
Asimismo, se incorpora el concepto de Estado de Bienestar, entendiéndolo como la satisfacción y el ejercicio pleno de los derechos enmarcados en la Carta Magna para que la política social se oriente en la atención, redistribución y bienestar general de la población, con especial énfasis en los más desprotegidos.
También se considera la noción de Mínimo Vital en referencia de todos los individuos a contar con una cantidad mínima para hacer frente a sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestido, que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, una subsistencia digna y autonomía protegida constitucionalmente.
Concha Ojeda mencionó que se contemplan criterios básicos que deben seguirse para la implementación de dichos programas, como el contar con lineamientos y reglas específicas de operación, como son los requisitos para el ingreso al mismo, el apoyo o incentivo al que se accede, las obligaciones del órgano ejecutor para transparentar el control y fiscalización, la evaluación de su desempeño, que son indispensables para asegurar la eficacia de la política social que se implemente.
De acuerdo con el proyecto, los programas sociales que las autoridades del Estado y municipios de Oaxaca deberán implementar son Pensión Alimentaria de Personas Adultas Mayores de 60 años; Becas para la Educación Superior; Dotación Gratuita de Útiles y Uniformes Escolares para alumnas y alumnas de escuelas públicas del nivel de educación básica; Apoyo a Personas con Discapacidad; Prevención de Cáncer Cervicouterino; Apoyos Directos e Impulso a Jefas de Familia Desempleadas; Unidades y Caravanas de Servicios Gratuitos.
Así como los programas para fortalecer la economía de las mujeres y hombres entre 18 y 59 años en situación de pobreza, buscadores de empleo y sin remuneración fija.
La iniciativa por la que se adiciona el párrafo trigésimo segundo y se recorren los subsecuentes del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca fue turnada por la Mesa Directiva para su revisión y dictamen a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.